Manuel Hernández Villeta
Hay que depositar la confianza en las autoridades, ante el anuncio de que podrían estar operando en la República Dominicana, una banda de delincuentes que tiene su raíz en Haití.
De seguro que las autoridades investigaran a fondo, y darán con los integrantes de grupos criminales que han llevado a Haití a la anarquía en que está.
Si hay bandas haitianas actuando en el país, la respuesta de las autoridades debe ser contundente, con su eliminación inmediata.
Hay que separar lo que significa el inmigrante del hambre y la miseria, que viene al país en busca de trabajo, y el que trata de crear sucursales de bandas armadas. Ya no se trata de analizar la guerra civil en baja escala que hay en Haití, sino que el refugio aquí de integrantes de esas bandas armadas, pone en peligro la seguridad nacional.
Conociendo su crueldad en Haití, y la forma despiadada como actúan, las autoridades dominicanas deben saber que se enfrentan a un sector sumamente peligroso, que debe ser controlado en el acto.
Eso si, hay que diferenciar el haitiano que vive en territorio nacional tratando de mejorar sus condiciones económicas, y que no es un delincuente, sino un indocumentado, que tiene necesariamente que ser devuelto a su país de origen.
Ese trabajador extranjero tiene cabida en los programas de desarrollo del campo, o sea en la agro-industria y también en la construcción. El gobierno debe reunirse con los empleadores de esa mano de obra barata, para lograr que estén documentados y cumplan con la ley.
La política de deportación de ilegales se tiene que mantener, por más dura que sea, pero es la ley que lo manda. Desde luego, esos haitianos están supliendo áreas donde el dominicano no quiere trabajar.
Hay que investigar a fondo cual es la realidad de las agro-industrias y del área de la construcción que los peones dominicanos no quieren ir a trabajar, cuando hace varios años allí se ganaban el sustento diario.
Se habla de los salarios reducidos, de falta de asistencia médica, de horarios que violan los artículos de protección del Código de Trabajo, y falta de oportunidades de ascenso o promoción.
Hoy, en todas las torres que se construyen en Santo Domingo y las principales ciudades del país se encuentra envuelto ese problema de que son haitianos los que masivamente trabajan, y en su mayoría están indocumentados.
Por demás, el país tiene que tener, como la tiene una política migratoria clara, y de respeto a la constitución sobre el estatus de los hijos de ilegales nacidos en territorio nacional.
