UNTA CANA- La Asociación de Propietarios de Terrenos Turísticos de Cabeza de Toro elogió la decisión de desalojar un ocupante ilegal y pidió a la Procuraduría General de la Republica, acelerar los procesos pendientes en esta zona que detienen el desarrollo de un complejo turístico que incluye siete hoteles, campos de golf y otras infraestructuras turísticas.
Andrés Alba Lovatón, presidente de la entidad, refirió el desalojo de los ocupantes Silverio Cruz Taveras y Bolívar Díaz Franco apoyado en una sentencia del pasado 29 de julio del 2022 de la Suprema Corte de Justicia. Explica que con el desalojo termina un proceso que inició en agosto del 2008, y considera que “más que justicia, la empresa Yupa S.R.L. –que es la propietaria- ha vivido un proceso de injusticia”.
Justificó esta afirmación explicando que no “es justicia que un propietario de terrenos registrados, con toda su documentación en regla, tenga que pasar 13 años caminando por todas la instancias del sistema para obtener una sentencia y aun así tener que esperar más tiempo y superar obstáculos para recuperar su propiedad”
A la declaración de la asociación de Cabeza de Toro se sumó la Asociación de Hoteles y del Este (ASOLESTE) que pidió a las autoridades judiciales no seguir retrasando el desalojo de los ocupantes ilegales del área de Cabeza de Toro, que se ha demostrado en los tribunales que no tienen títulos, y retrasan un desarrollo turístico de gran impacto económico y social.
La empresa Yupa, dijo que más que procesos justos, han sido iniciativas que “pueden calificarse un intento de extorsión, en la que se usa la incompresible dilación del sistema de justicia para responder a los propietarios de terrenos, para exigir cientos de millones de pesos para desistir y sacar el tema de los tribunales”.
Lo hacen, explica, porque hacen cálculos de las pérdidas que ocasionan para los legítimos propietarios de los terrenos el retraso en poner en marcha los proyectos turísticos.
La Asociación de Propietarios de Terrenos Turísticos de Cabeza de Toro, sugirió que el sistema de justicia asuma procedimientos acelerados en casos como este, y que en los casos de las playas, el Poder Ejecutivo supla los procedimientos lentos e injustos de los tribunales, y aplique las regulaciones de medio ambiente, en los casos en que se trate ocupantes ilegales en el área de los 60 metros de utilidad pública.
Recordó que dos plazas comerciales ilegales ubicadas en los 60 metros han sido desalojadas por violar la ley de medio ambiente, en referencia a la ocupación ilegal de un área de playa de una propiedad turística en Arena Gorda, y en Cabeza de Toro, próxima al cuartel de la Armada República Dominicana.
