El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue el apoderado para conocer el juicio de fondo en contra del ex procurador de la República Jean Alain Rodríguez y el demás implicados en el caso de corrupción administrativa, denominado Medusa.
El mencionado tribunal, presidido por la jueza Keila Pérez Santana, e integrado por los demás jueces Elías Santini y Arisleida Méndez, tendrá a cargo el conocimiento del proceso judicial.
La Presidencia de las Cámaras Penales del Distrito Nacional designó al Cuarto Tribunal Colegiado mediante un sorteo aleatorio.
El pasado 29 de julio, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, decidió enviar a juicio de fondo al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, principal señalado del caso Operación Medusa.
El Ministerio Público involucra a 63 personas físicas y jurídicas, de las cuales una veintena ya hizo acuerdos con el Ministerio Público, al cabo de los tres años que lleva el caso en los tribunales.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
También, en este caso irán a juicio de fondo los imputados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Al concluir el juicio preliminar del caso Medusa, el magistrado dictó auto de no ha lugar en favor de la imputada Sara María Fernández, esposa del también encartado en el caso de corrupción contra el Estado, José Miguel de Moya, quien sí irá al fondo.
El magistrado externó que Fernández no tenía responsabilidad penal. La dama enfrentó la justicia sin hacer acuerdos con el Ministerio Público, órgano que la imputó de haber actuado en complicidad para introducir facturas con contenido falso.
