Daniel García Santana
De forma correcta, República Dominicana, bajo las directrices del presidente Luis Abinader, ha iniciado acciones para ordenar su territorio, con el control migratorio, dirigido, principalmente, a nacionales haitianos ilegales, lo cual debe ser aplaudido y respaldado por todos los dominicanos.
Entre acciones está incluido el control migratorio desde los hospitales, donde son atendidos y exigidos los documentos a los extranjeros, para el inicio de un proceso de deportación, en caso de estar ilegales.
Ese punto, como se esperaba, ha recibido la crítica de Amnistía Internacional, que pidió al Gobierno dominicano poner fin de “inmediato” a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a la salud con las deportaciones, por supuestamente violar el derecho a la salud de personas sin documentos.
Aunque entiendo la posición de Amnistía Internacional, por ser ese su papel, esa organización debería centrarse más en convencer a los países ricos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a prestar más atención a la calamitosa situación del pueblo haitiano, gobernado y atacado por pandilleros.
Pero los ataques a las medidas migratorias relacionadas con la salud también han venido desde adentro. El Colegio Médico Dominicano ha solicitado su revisión porque su “juramento hipocrático” pone por encima de cualquier situación salvar vidas humanas de forma digna, el cual, al parecer, es olvidado por esa organización cuando le conviene a sus miembros.
Siempre he estado de acuerdo con brindar asistencia médica a todos los necesitados. Sin embargo, la invasión pacífica de los haitianos, a través del afán de las haitianas ilegales de parir muchos hijos en los hospitales dominicanos, debe ser controlada. Para “muestra basta un botón”. Alrededor del 35% de los partos en el sistema nacional público de salud en los últimos años ha sido de haitianas.
Desde temprana edad, muchas haitianas quieren ser colaboradoras de una fábrica de muchachitos instalada en República Dominicana. Los organismos internacionales, incluyendo a Amnistía Internacional, deben prestar más atención a la natalidad haitiana, aunque eso parezca secundario en medio de la difícil situación de ese pueblo.
República Dominicana debe continuar con las acciones migratorias en su territorio, siempre con la mayor humanidad posible, porque no es posible que continuemos cargando con el peso económico y social de los haitianos ilegales, por el bien común.
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