Por Francina Hungría
Desde hace años distintas voces insisten en la necesidad de implementar acciones para incrementar la seguridad vial. El aumento del parque vehicular, los accidentes de tránsito y las barreras en la movilidad urbana reducen las oportunidades de desarrollo de la ciudadanía.
De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE),, en 19 años la cantidad de vehículos aumentó en un 267.87% al pasar De 1,182,709 unidades en el año 2000 a 4,350,884. Es decir, el parque vehicular del país triplica la población de Santo Domingo Este.
Las debilidades identificadas en el sistema dominicano de transporte van desde lo ambiental hasta la competitividad del país. Más del 20% de las emisiones contaminantes de la República Dominicana son generadas por las unidades vehiculares.
En lo referente a la salud, el Dr. Cesar Mella utilizó el término “violencia vial” para describir el estado de situación que vive el país. Y es entendible si se considera que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el país mueren 36.4 personas por millón de habitantes a causa de eventos catastróficos de tránsito. Es decir, unos 3000 muertos por año solo por esta razón.
De hecho, conforme con la data ofrecida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la República Dominicana posee el mayor índice de siniestralidad por accidentes de tránsito de Latinoamérica y El Caribe. Atender las condiciones sanitarias generadas por inseguridad vial le supone al país más del 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Solo mantener a un accidentado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) puede llegar a costarle al Estado entre 300 y 700 000 pesos.
Para el Dr. Julio Landrón, director del hospital traumatológico Ney Arias Lora, los siniestros de tránsito causaron 30% más fallecidos que el Covid-19 en 2020. Y estas son cifras fatales; no se está contabilizando la cantidad de personas que quedan con lesiones permanentes o discapacidad temporal.
Estas también consumen parte del gasto público, incrementan los niveles de vulnerabilidad de las familias y reducen las oportunidades productivas de una gran cantidad de hombres y mujeres. A la vez, se reducen los niveles de competitividad de las ciudades.
Los referentes internacionales que han atravesado situaciones similares han apelado a la accesibilidad urbana y la participación de la ciudadanía para solucionar el problema. Este aspecto es pertinente ahora que el congreso aprobó un préstamo de 250 millones de dólares facilitado por el BID para el Programa de Apoyo a la Movilidad, el Transporte Terrestre y la Seguridad Vial.
Y podría decirse que bastaría con la aplicación de la ley 66-17 que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Esta señala la necesidad de crear unos 40 reglamentos, así como acciones articuladas entre sí para dinamizar y eficientizar el sistema dominicano de transporte.
En ese sentido, el BID considera que es necesario consolidar un marco normativo en torno a los pilares de la ley. Y hace hincapié en que es esencial la movilidad urbana eficiente e inclusiva.
Es fundamental que el Programa de Apoyo a la Movilidad, el Transporte Terrestre y la Seguridad Vial que aplicará el gobierno contemple los principios de accesibilidad universal como parte fundamental de las acciones desde su diseño. A la vez, es determinante que los distintos sectores participen de la construcción de una política de movilidad inclusiva, innovadora y sostenible.
La relevancia de apuntar en esa dirección se encuentra en que el resultado de las políticas de movilidad diseñadas desde la accesibilidad:
- Impactan por igual a todas las personas, independientemente de las condiciones en las que vivan.
- Espacios con mayor seguridad vial aumentan las posibilidades de participación productiva. A su vez, facilitan que los ciudadanos accedan a medios para salir de la pobreza.
- La accesibilidad urbana facilita la autonomía de personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y familias completas.
- En el contexto actual, contar con espacios accesibles, que faciliten la movilidad reduce los riesgos de contagio. Posibilita el desplazamiento ágil y abre las ciudades a nuevas oportunidades de inversión.
En definitiva, pensar la movilidad y el transporte desde la perspectiva del bienestar de las personas puede convertirse en la mejor vacuna para la epidemia vial que vive la República Dominicana. Y en ese sentido, la accesibilidad juega un rol determinante para la recuperación de los espacios y la autonomía de las personas.
