Por Tahira Vargas García 

Esta semana nuestra sociedad se ha consternado grandemente por el caso de la niña de 4 años que fue víctima de abuso sexual y asesinato por parte de un adolescente (que aparentemente era parte de su familia según las informaciones que se han ofrecido) y un adulto.

El abuso sexual en nuestra sociedad es parte de la realidad y la vida de muchas mujeres, adolescentes y niñas de diferentes estratos sociales (pobres, medios y altos) y de distintas estructuras familiares (provenientes de familias nucleares con padres y madres, extensas, o monoparentales con madres o padres solos).

EL abuso sexual es invisible y legitimado. Su presencia solo se visibiliza en casos de escándalos públicos o crímenes acompañados de abuso. No se denuncia, no se registra por su normalización histórica y social.

En los estudios etnográficos y cualitativos que venimos realizando desde hace 30 años en distintas comunidades del país y con distintos estratos sociales aparece el abuso sexual en la vida de mujeres adultas, adultas mayores, niñas y adolescentes. Las experiencias de abuso sexual están vinculadas a la vida familiar. Gran parte de estas mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual lo han vivido al interior de la familia siendo sus agresores padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros o cercanos a la familia, vecinos y compadres. En otros casos aparecen figuras religiosas cercanas a la familia, sacerdotes, diáconos y pastores religiosos que han cometido el abuso.

La permanencia del abuso sexual en nuestra sociedad esta vinculada a la culpabilización de la mujer, niña, adolescente que es víctima o a la madre de la víctima, como es el caso de la niña que fue abusada. Los hombres agresores sexuales: padres, familiares, sacerdotes, religiosos, dirigentes políticos, expresidentes, dictadores, senadores, diputados, síndicos y dirigentes políticos no son culpabilizados socialmente. Contamos en nuestra historia con un dictador que junto a sus hermanos fueron violadores sexuales de niñas, adolescentes y mujeres por 30 años y no se le ha culpabilizado públicamente por ello en las referencias históricas que se hacen a la época. Tampoco a los sacerdotes, pastores religiosos, dirigentes políticos, legisladores y síndicos que cuentan con expedientes de abuso sexual e incesto. Esos casos pasan por el velo de la invisibilidad y la permisividad y las víctimas sufrieron y continúan sufriendo las secuelas de esas historias de abuso e incesto en sus vidas.

En el estudio de masculinidades y violencia de género que realizamos para Profamilia en el 2019 se muestra esta ausencia de responsabilidad y la permisividad del abuso sexual en los hombres entrevistados. Estos reconocen que han sido agresores sexuales o que han tenido deseos de violar niñas, mujeres o adolescentes porque ellas “provocan” que las violen o porque están “solas” y ellos se sienten “tentados” a agredir a la mujer, niña o adolescente que se encuentra “sola”. En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad el autocontrol y el respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

EL manejo de la información sobre el caso de la niña abusada y asesinada en las redes sociales y la opinión pública está afectado por los elementos señalados. El imaginario machista en el que los hombres se socializan donde la mujer se convierte en objeto sexual y el hombre tiene permiso de tocar y agredirla si ella lo provoca o está “sola” le da sostén a la impunidad histórica y continua del abuso sexual y su normalización. Seguir identificando a las mujeres, niñas y adolescentes como responsables sigue reproduciendo su victimización e invisibilizando la responsabilidad masculina de los agresores, en este caso adolescente y adulto.

Erradicar los abusos sexuales es una tarea de toda la sociedad, para ello tenemos que generar cambios en la población masculina y sus conductas agresoras y de visión de la población femenina como objeto sexual. Ningún hombre o adolescente tiene permiso para agredir sexualmente a ninguna niña, adolescente o mujer independientemente de que este sola o acompañada, vestida o desnuda. Enseñar el respeto al cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser una prioridad de Estado y de todos los sectores de la sociedad.

La protección de niños, niñas y adolescentes le corresponde a padres (que en muchos casos están ausentes y son irresponsables ante el cuidado y seguimiento de hijos e hijas), madres, abuelas-todo el circulo familiar, sistema educativo en la enseñanza de los derechos de la niñez y adolescencia así como de educación sexual, instituciones religiosas-comunidades (que conocen los casos y mantienen el silencio y la complicidad)  y sobre todo el Estado en todas sus instancias que debe velar porque el sistema de protección sea efectivo así como romper con la impunidad ante los crímenes y delitos que se perpetran contra niñas, adolescentes y mujeres continuamente.