Charlie Núñez
Nuestro país, cuenta con una constitución moderna, quizás con algunos huecos que haya que cubrir.
Tenemos instituciones públicas y tribunales como si fuéramos un país desarrollado, lo que se conocía como primer mundo, buen acceso a la tecnología y la información que aprovechamos para el conocimiento y la producción.
En fin, somos un país a la altura de estos tiempos.
En 1986, el doctor Joaquín Balaguer pronunciaba la inolvidable expresión, «somos un país rico, pobremente administrado».
Expresaba, que el mayor activo, su mejor tesoro, era su gente con sus virtudes.
Ese país que hemos logrado modernizar e insertar con éxito a un mundo globalizado, sigue siendo un país rico pobremente administrado, pero como no aspiro a ningún cargo, como en ese momento aspiraba a presidente de la República el doctor Balaguer, me atrevo asegurar que el peor activo con que contamos es el comportamiento de nuestra gente.
A este país moderno lo separan del desarrollo la honestidad, la disciplina, el respeto, la ley, el orden, entre otros valores y factores que han convertido nuestro terruño en una selva de sálvese quien pueda.
Esa modernidad combinada con ese comportamiento perverso de nuestra gente, es lo que nos ha llevado a que tantos jóvenes pierdan la fe en su país, pero sobre todo en los políticos dominicanos que son quienes diseñan y aplican políticas públicas.
Recientemente, el poder ejecutivo envió una terna al Senado de la República, para que proceda a evaluar y elegir a tres miembros del consejo de ProCompetencia, que sustituirán a los señores Iván Gatón, Juan Reyes y Víctor Mateo, cuyo periodo de 5 años por el que fueron escogidos ya venció.
Esta institución, que opera como un tribunal, fue creada mediante la ley 42-08 con acta de nacimiento en el 2011, y tiene como objetivo “promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios».
La misma ley establece quiénes pueden y quiénes no pueden ser integrantes de dicho consejo, pues resulta que al menos 4 de las propuestas, la ley los descalifica ipso facto.
El artículo 28 de dicha ley establece que no podrán ser designados como presidente o miembro del consejo directivo: los miembros del Congreso Nacional, los del Poder Judicial, los que desempeñan cargos remunerados en los organismos del Estado o de las municipalidades, ya sea por elección o nombramiento, los que tengan militancia política, entre otras condiciones de las que también quiero destacar, quienes tengan vínculos de consanguinidad hasta el cuarto grado, inclusive; o vínculos de afinidad hasta el segundo grado, inclusive; con el presidente o vicepresidente de la República, con los magistrados miembros de la Suprema Corte, Corte de Justicia o con los miembros directivos de los entes reguladores del mercado.
De la propuesta enviada por el poder ejecutivo ya hay dos que no pueden ser considerados:
*César Ariel Francisco Gómez*, quien llega procedente del tribunal constitucional, de donde también procede la actual presidenta de ProCompetencia, es el actual jurídico de la misma institución desde septiembre del 2022.
*Dangela Ramírez Guzmán*, proviene del Ministerio de Interior y Policía, donde está designado como ministro el padre del actual presidente del consejo, es la actual directora del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil desde el 1ro de julio 2022.
*Alejandro Porcella* es otro de los propuestos, es hermano del señor Héctor Porcella, director interino del Instituto de Aviación Civil.
Otro caso es el de *María Eliza Holguín*, fue designada anteriormente como directora de la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, es hija del viceministro de la presidencia José Ramón Holguín Brito, si bien el Ministerio de la Presidencia no es un ente regulador del Estado, incide en todos, evalúa y da seguimiento.
En el caso de *Francisco Manuel Pimentel*, no se conoce absolutamente nada de él, solo que su nombre coincide con el de un dueño de ferretería en La Vega.
ProCompetencia es una institución desconocida por la mayoría, por lo tanto no conoce su papel, pero los amigos senadores que crean leyes que se deben respetar, no pueden ni deben alegar ignorancia en el tema que estarán discutiendo los próximos días. Vamos a mostrarle al país que el salario que le pagamos a veces sirve para algo, en esta ocasión, vamos hacer respetar la ley.
