Abed-Nego Paulino
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Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader devolvió al Congreso Nacional el pasado 16 de enero la Ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas a pequeños contratistas, trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisores y asfalteros.
El mandatario observó la pieza por completo -sus 14 artículos-, porque viola principios esenciales de la Constitución y ordena pago “sin garantizar provisión de fondos”, y sin que la deuda pública sea “cierta, líquida y exigible”.
Con la legislación, que tiene como proponente al senador Franklin Romero (PRM-Duarte), son nueve las que el mandatario regresa al órgano congresual para que sean corregidas, desde que asumió el gobierno por primera vez el 16 de agosto de 2020.
Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo, Alfredo Pacheco, el Poder Ejecutivo dice que en la Ley persisten situaciones jurídicas que ameritan “una nueva revisión” por parte del Congreso de la República.
Detalló que hubo violación a principios esenciales de la Carta Magna, tales como principios de legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y responsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica. “La ley ordena pago sin garantizar provisión de fondos y sin que la deuda pública fuere cierta, líquida y exigible”, sostuvo.
La Cámara Baja evacuó la Ley el pasado 12 de enero, último día de la legislatura.
La norma aprobada tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas “sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria”, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
La Ley aplica a las deudas contraídas por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp), la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y a las obligaciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y del INAVI, que han sido asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), y cualquier otro ente público.
Las otras leyes devueltas
Además de ley para pago de deudas a pequeños contratista, el presidente Abinader observó la ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional e internacional (Ley 57-23), siendo la primera que devolvió al Congreso, el 1 de agosto de 2023, en la “última curva” del tercer año de la primera gestión del mandatario.
A cinco meses de ser aprobada, el Ejecutivo observó la nueva Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (Ley 18-24) y la devolvió al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados (el 5 de enero de 2024).
Se suma a las leyes observadas, la Ley que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas, de autoría del senador Santiago Zorrilla (PRM-El Seibo), la cual aprobó el Congreso el 7 de enero de 2025. El Poder Ejecutivo regresó esta tercera ley al primer Poder del Estado (el 20 de enero de 2025) para “enriquecerla en lo adelante”.
La cuarta ley que el Poder Ejecutivo devolvió al Congreso Nacional para revisión, fue la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, ya que los senadores y diputados habían otorgado más poder y beneficios a los jueces de esa alta instancia que lo que debían tener.
Asimismo, en la legislatura extraordinaria de 2025, los senadores y diputados acogieron las observaciones del Ejecutivo a tres leyes aprobadas en el anterior periodo legislativo ordinario de 150 días. Estas son: la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, aprobada por los congresistas el 23 de julio de 2025; Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, sancionada el 21 de julio de 2025; y a la y la Ley de Bien de Familia, refrendada por los legisladores el 25 de julio de dicho año.
La octava ley observada por el Ejecutivo fue en la segunda legislatura extraordinaria de 2025: la reforma a la Ley de Residuos Sólidos.
De estas ocho leyes, siete fueron corregidas por los congresistas y promulgadas por el presidente de la República.
