La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, dictó un auto de no ha lugar para los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo imputados en un caso de corrupción.
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A Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena también le dictaron auto de no ha lugar.
El Ministerio Público acusa al grupo imputado de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y finnciamiento ilícito de campaña.
Gonzalo
Las pruebas aportadas por el Ministerio Público no eran suficientes para demostrar los hechos atribuidos.
No se logró acreditar de forma adecuada que los fondos recibidos violaran la legislación electoral o constituyeran lavado de activos.
Faltaban elementos de corroboración que permitieran distinguir cuáles aportes eran legales y cuáles supuestamente ilícitos.
Por esa razón, el tribunal acogió los planteamientos de la defensa y dictó un auto de no ha lugar, es decir, decidió que no existían méritos suficientes para enviar al acusado a juicio por esos cargos.
La magistrada informó que, en relación con José Ramón Peralta, el Ministerio Público presentó una acusación por presuntos actos de corrupción, incluyendo alegaciones de desfalco por un monto de 19 mil millones de pesos.
La magistrada sostuvo que las pruebas aportadas no demostraban de manera suficiente las acusaciones formuladas por el órgano persecutor.
En consecuencia, acogió los planteamientos de la defensa y dictó un auto de no ha lugar, al considerar que no había base suficiente para enviar esos cargos a juicio.
En cuanto a Donald Guerrero, la magistrada señaló que las empresas señaladas por el Ministerio Público en relación con las presuntas operaciones de lavado de activos mantenían vínculos con el exministro de Hacienda y que estos aspectos deberían ser analizados en otra etapa del proceso judicial, por lo que envió a juicio de fondo.
La audiencia se extendió por aproximadamente cinco horas en medio de tensión, expectativas y agotamiento.
Aunque el conocimiento del fallo estaba pautado para las 3:00 de la tarde, la magistrada no subió al estrado hasta alrededor de las 7:45 de la noche, manteniendo en expectativa a abogados, periodistas, familiares e imputados que permanecían dentro y fuera de la sala de audiencia.
Pasadas las 4:00 de la tarde, las autoridades del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva abrieron las puertas del Cuarto Juzgado de la Instrucción, provocando un forcejeo entre familiares de los acusados y miembros de la prensa que intentaban acceder al salón.
Con el paso de las horas, el cansancio comenzó a sentirse entre los presentes y la sala poco a poco fue quedando semivacía, debido al largo tiempo de espera y a que muchas personas permanecían de pie.
Mientras tanto, abogados, periodistas y los propios imputados se mantenían apostados en los pasillos del Palacio de Justicia atentos a cualquier movimiento relacionado con el inicio de la audiencia.
El excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, fue visto recorriendo los pasillos y saludando a varias personas, mientras miembros de su equipo audiovisual captaban fotografías y videos. Otros imputados conversaban de manera más discreta con abogados y familiares.
Durante el proceso, la defensa de Gonzalo Castillo sostuvo su inocencia y afirmó que no había participado en ningún esquema de corrupción ni en el desvío de fondos públicos.
Asimismo, calificó el caso de teoría sin sustento probatorio suficiente.
De su lado, los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también afirmaron que el relato acusatorio contra su cliente no se sostiene frente a la documentación del proceso.
Además, cuestionaron la validez de informes de la Contraloría General de la República, alegando posibles vicios procesales como prescripción de delitos y extinción de la acción penal, y sostienen que las pruebas fueron obtenidas sin las debidas garantías legales.
El exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, también defendió su inocencia ante el tribunal, donde afirmó que durante sus ocho años en el Estado mantuvo un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.
