Frankelvin Sánchez
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El arresto del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara no fue producto del azar, sino el desenlace de una operación meticulosamente planificada por el Ministerio Público, en la que la supuesta víctima de extorsión se transformó en la pieza clave para su captura.
El caso se originó el 13 de marzo de 2026, cuando Roberto Antonio Canaán, investigado en un presunto fraude vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), sostuvo un encuentro con el fiscal en el parqueo de Plaza Lama, en el Distrito Nacional. Según el expediente de solicitud de medida de coerción, durante esa reunión Valdez Alcántara habría propuesto alterar el curso del proceso judicial a cambio de dinero.
La acusación indica que el fiscal exigió inicialmente 200 mil dólares, monto que posteriormente redujo a 150 mil. Además, habría solicitado un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz 350 o 450, rechazando otras opciones de menor valor como Volvo o Mazda.
Ante estas presuntas exigencias, Canaán aparentemente decidió denunciar los hechos y colaborar con las autoridades. A partir de ese momento, el Ministerio Público documentó conversaciones y coordinó una entrega controlada del dinero, según establece el expediente.
El documento dice que el 18 de marzo, el fiscal habría presionado al denunciante para concretar el pago. “¿para cuándo está la cosa?”, le escribió Aurelio estableciendo como fecha límite el 24 de marzo y advertía sobre posibles acciones judiciales en su contra.
Llegó el día
La operación para su arresto se ejecutó el 27 de marzo de 2026, cuando Valdez Alcántara coordinó un encuentro con Canaán en el parqueo del cuarto nivel del centro comercial Bella Vista Mall, en la avenida Sarasota.
Un equipo encabezado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, junto a varios agentes policiales y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, se desplegó en el lugar. Desde la distancia, observaron la yipeta Honda CRV color crema, conducida por el fiscal.
Según el expediente, Canaán abordó el vehículo del fiscal, donde permaneció por varios minutos y realizó la entrega de 10 mil dólares en efectivo. Posteriormente, según el expediente, el fiscal salió en su vehículo del parqueo, recorrió calles cercanas y regresó, en lo que parecía una maniobra para evadir vigilancia.
Posteriormente, las autoridades dieron seguimiento al vehículo hasta interceptarlo en las proximidades de la avenida Sarasota, donde ordenaron su detención.
El fiscal Valdez Alcántara fue trasladado junto a su vehículo a la sede de la Procuraduría General de la República, donde se realizó una requisa en presencia de las autoridades.
Durante la inspección, los agentes ocuparon documentos oficiales, dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias, un arma de fuego y dinero en efectivo. Asimismo, en el compartimiento del sunroof del vehículo fueron encontrados 100 billetes de 100 dólares, equivalentes a los 10 mil dólares entregados durante la operación.
El Ministerio Público sostiene que estas evidencias confirman la ocurrencia del hecho, así como la modalidad de la entrega del soborno, por lo que procederá con la solicitud de medida de coerción en contra del imputado.
Aplazan audiencia de coerción
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva para durante ese periodo completar la investigación. Sin embargo, ayer la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte, aplazó la audiencia de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara.
El aplazamiento se produjo a solicitud del abogado Valentín Medrano, miembro de la defensa del fiscal, con el objetivo de conocer las piezas y pruebas del proceso en contra de su cliente. La magistrada fijó la audiencia para el próximo martes 7 de abril a las 2:00 de la tarde.
El fiscal, quien ingresó a la carrera del Ministerio Público en 2017 y posteriormente pasó a formar parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), está acusado de violar los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 3, 4 y 9, numerales 1, 15 y 16, de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
Caso Senasa
El exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Roberto Canaán, es señalado por el Ministerio Público como la persona que entregó los 10 mil dólares al fiscal sometido a la justicia por presunto soborno. El órgano acusador indicó que Canaán es investigado por el presunto fraude a la ARS estatal, el cual superaría los 15 mil millones de pesos y por el que ya han sido detenidos al menos 10 exfuncionarios y empresarios.
