Dr. Víctor Garrido Peralta
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En medicina existe una regla inviolable: si durante una cirugía se detecta una infección en el equipo, se aísla al responsable, se esteriliza el entorno y se continúa la operación. Lo que jamás se hace es abandonar al paciente con el pecho abierto.
El 12 de febrero de 2026, la Embajada de los Estados Unidos ordenó el cierre inmediato de las operaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la República Dominicana. La decisión se produjo tras revelarse una investigación federal contra el entonces supervisor de la agencia en el país, acusado de conspiración, soborno y fraude migratorio. Las autoridades estadounidenses han actuado judicialmente contra el funcionario.
Si los cargos son ciertos, la sanción debe ser ejemplar. La corrupción dentro de un organismo encargado de combatir el narcotráfico es una traición doble: traiciona la ley y traiciona la confianza.
Pero la pregunta que hoy interpela a la seguridad nacional dominicana no es si debe investigarse al funcionario. La pregunta es otra: ¿era necesario cerrar toda la operación antidrogas en el país para procesar a un individuo?
Un país bajo presión criminal
La República Dominicana no enfrenta un problema marginal de narcotráfico. Es un corredor estratégico entre Suramérica —zona productora— y los extensos mercados de consumo en Norteamérica y Europa.
En el período 2020–2025, las autoridades dominicanas reportaron decomisos superiores a las 226 toneladas de drogas, una cifra sin precedentes en nuestra historia reciente. Solo en diciembre de 2024 se incautaron casi 9.6 toneladas de cocaína en el puerto de Caucedo, el mayor decomiso jamás registrado en territorio nacional.
Estos números tienen una doble lectura: por un lado, evidencian eficiencia operativa; por otro, revelan la magnitud del flujo que intenta atravesar nuestras costas y puertos.
No estamos ante una gripe institucional. Estamos ante un cáncer logístico que requiere cirugía constante.
La arquitectura de la cooperación
Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico en República Dominicana ha sido una operación conjunta entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público y agencias internacionales, especialmente la DEA.
Esa cooperación no era ornamental. Incluía:
* Intercambio de inteligencia en tiempo real.
* Acceso a bases de datos internacionales sobre redes criminales.
* Capacitación especializada en investigación financiera y operaciones encubiertas.
* Coordinación para extradiciones y seguimiento de rutas transnacionales.
Muchas de las capturas y extradiciones de alto perfil que marcaron la historia reciente del narcotráfico dominicano se lograron bajo ese modelo de colaboración.
La interrupción abrupta de esa arquitectura no es simbólica. Es operativa.
El costo del vacío
Cerrar la oficina de la DEA no equivale simplemente a retirar un escritorio diplomático. Significa:
1. Pérdida inmediata de un canal de inteligencia multinacional.
2. Incertidumbre para informantes que colaboraban bajo esquemas de protección.
3. Retraso en investigaciones en curso que dependían de cooperación directa.
4. Señales ambiguas hacia el crimen organizado sobre la estabilidad del sistema.
Las organizaciones criminales operan bajo lógica darwiniana: detectan debilidades, las explotan y se adaptan con rapidez. Cada día de descoordinación es una ventaja para quien trafica toneladas invisibles.
La dimensión institucional
Hay otro aspecto que no puede ignorarse: el mensaje que transmite esta decisión.
Cuando una potencia decide cerrar su principal agencia antidrogas en un país aliado debido a sospechas de corrupción interna, la lectura internacional no es técnica; es reputacional.
La percepción de fragilidad institucional impacta:
* El riesgo país.
* Las primas de seguro en puertos.
* La confianza de inversionistas en sectores logísticos y turísticos.
* La credibilidad del sistema de justicia en materia de crimen organizado.
La seguridad no es un compartimento aislado. Es un componente estructural de la economía.
Ni dependencia ni ingenuidad
Este episodio no debe leerse como una tragedia definitiva ni como una victoria moral automática.
Tampoco debe convertirse en un ejercicio de dependencia perpetua.
La República Dominicana tiene el deber de fortalecer sus propias capacidades: inteligencia financiera, trazabilidad portuaria, protección de testigos, independencia del Ministerio Público y controles internos rigurosos.
Pero fortalecer no significa improvisar.
Si la cooperación internacional debe reformularse, que se haga bajo protocolos reforzados, auditorías transparentes y controles estrictos. Si hubo fallas estructurales, que se corrijan con cirugía institucional, no con silencio diplomático.
Las preguntas que deben responderse
Para preservar la confianza pública, se requieren respuestas claras:
* ¿El cierre es temporal o indefinido?
* ¿Existe un plan de reapertura bajo nueva supervisión?
* ¿Qué ocurrirá con las investigaciones en curso?
* ¿Cómo se protegerá a quienes colaboraron con información sensible?
La transparencia no es un gesto político. Es un requisito de estabilidad.
La lección mayor
La lucha contra el narcotráfico nunca fue una guerra limpia. Exige cooperación internacional, disciplina institucional y controles éticos permanentes.
Cuando un agente traiciona el mandato, debe caer con todo el peso de la ley.
Pero cuando una institución se retira por completo, el riesgo es mayor que el escándalo.
No se abandona al paciente en plena cirugía.
Se limpia la herida y se continúa operando.
La República Dominicana enfrenta un momento decisivo: o transforma este episodio en una reforma profunda de su sistema de seguridad y justicia, o permitirá que el vacío sea ocupado por quienes prosperan en la sombra.
El crimen organizado no se detiene por decisiones administrativas.
Se detiene con instituciones sólidas.
La historia juzgará si este cierre fue una purga necesaria o una retirada estratégica mal calculada.
Lo único seguro es que, mientras debatimos, las rutas siguen activas.
Y el tiempo, en materia de seguridad, nunca juega a favor del descuido.
