Josefina Reynoso
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Sin embargo, limitar la explicación de las desapariciones a la criminalidad resulta insuficiente.
El diagnóstico fue claro en evidenciar que la persistencia del fenómeno se explica, en igual medida, por deficiencias estructurales del Estado. No se trata únicamente de que existan delitos que generan desapariciones, sino de que el Estado no cuenta con una política pública integral y eficaz para prevenirlas, investigarlas y responder oportunamente cuando ocurren.
Una de las principales fallas identificadas es la ausencia de una política nacional específica sobre desapariciones, con objetivos claros, responsabilidades definidas y procedimientos estandarizados. La respuesta institucional continúa siendo fragmentada, reactiva y, en muchos casos, condicionada por la presión mediática o social. Esta lógica impide una actuación temprana y sostenida, especialmente en las primeras horas posteriores a la desaparición.
A ello se suma la persistencia de protocolos obsoletos o no homologados entre las distintas instituciones. La falta de estandarización genera demoras, duplicidad de esfuerzos y pérdida de información crítica. En un fenómeno donde el tiempo es determinante, esta fragmentación reduce significativamente las probabilidades de localización y resolución de los casos.
Otro elemento estructural del origen del problema es la subestimación institucional de la desaparición como una emergencia, particularmente en sus fases iniciales. Persisten prácticas que retrasan la denuncia temprana bajo criterios sin sustento técnico. Esta situación resulta especialmente grave cuando se trata de niños, cuya protección exige una activación inmediata, prioritaria y coordinada de todos los mecanismos del Estado.
El diagnóstico también identificó debilidades en la formación especializada de los actores responsables de la investigación. La búsqueda de personas desaparecidas requiere capacidades técnicas específicas, uso adecuado de tecnología, análisis de información compleja y un enfoque centrado en las víctimas. La ausencia de estas capacidades convierte la respuesta en un proceso lento y desarticulado, excesivamente dependiente de iniciativas individuales.
Asimismo, se evidenció la dispersión de responsabilidades y la falta de liderazgo operativo. No existe una instancia claramente mandatada para conducir la búsqueda de personas desaparecidas, lo que diluye la rendición de cuentas y debilita la gobernanza del fenómeno. Esta carencia se traduce en vacíos de coordinación, particularmente cuando confluyen múltiples instituciones.
Sobre la base de este análisis de origen —criminalidad activa y deficiencia estatal— el diagnóstico formuló recomendaciones técnicas concretas. Entre ellas, la adopción de protocolos modernos, claros y estandarizados; el fortalecimiento de la denuncia temprana; la formación especializada con enfoque diferenciado para la niñez; la mejora sustantiva de la coordinación interinstitucional; la creación de una Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita al Poder Ejecutivo; y el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan una respuesta rápida, integrada y transparente.
Las desapariciones continúan ocurriendo, no por falta de diagnóstico ni de propuestas, sino porque las causas estructurales identificadas no han sido corregidas. Mientras el Estado no aborde de manera simultánea la dimensión criminal del fenómeno y sus propias deficiencias institucionales, las respuestas seguirán siendo parciales e insuficientes.
El diagnóstico elaborado en 2023 mantiene plena vigencia porque el origen del problema persiste. Superarlo exige pasar del reconocimiento técnico a la decisión política, de la reacción a la planificación, y de la dispersión institucional a la responsabilidad clara. Esa sigue siendo la tarea pendiente si se aspira a una política de seguridad que proteja efectivamente a las personas y, de manera prioritaria, a la niñez.
Por ello, este diagnóstico no debe leerse únicamente como un documento académico, sino como una propuesta concreta de política pública de seguridad. En sus páginas se identifican causas, se delimitan responsabilidades y se formulan recomendaciones viables que pueden y deben orientar decisiones institucionales. Ignorarlo es postergar soluciones; asumirlo como hoja de ruta es avanzar hacia una respuesta estatal más coherente, eficaz y centrada en la protección de las personas.
