Santo Domingo.—El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló que desde la creación de la institución en 2006, nunca se había remitido un caso a la Procuraduría General de la República, situación que cambió durante su gestión como parte de una política de mayor fiscalización y combate a las ilegalidades en las compras del Estado.

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Pimentel explicó que, aunque históricamente se alegaba falta de competencia para llevar expedientes al Ministerio Público, existe un principio básico que obliga tanto a los ciudadanos como a los funcionarios públicos a denunciar hechos ilícitos cuando tienen conocimiento de ellos, aun cuando excedan su ámbito administrativo. “Un funcionario que en el ejercicio de sus funciones detecta una ilegalidad tiene el deber de remitirla a la autoridad competente”, sostuvo al participar en el programa televisivo Uno Más Uno.
En ese contexto, informó que la Dirección General de Contrataciones Públicas también ha suspendido, por primera vez, registros de proveedores pertenecientes a funcionarios que se encuentran en regímenes de incompatibilidad. Precisó que más de 300 registros han sido suspendidos de manera preventiva —no como sanción— incluyendo casos de senadores, diputados, ministros, directores, alcaldes, regidores y vocales, quienes por ley no pueden contratar con el Estado mientras ocupen cargos públicos.

El funcionario destacó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas fortalece los mecanismos para evitar maniobras fraudulentas, como el uso de terceros o empresas interpuestas para evadir las prohibiciones legales. En esos casos, advirtió, la normativa contempla sanciones penales con penas privativas de libertad.

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Pimentel citó como ejemplo situaciones en las que empresas vinculadas a funcionarios han mantenido suspendidos sus registros, reiterando que la ley es clara: ningún servidor público puede contratar con el Estado durante el ejercicio de su función ni en los seis meses posteriores a su salida del cargo.

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