Yoan Silverio
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En la República Dominicana, los casos de personas desaparecidas evidencian las deficiencias del sistema. Para muchas familias, la palabra búsqueda deja de ser una acción y se convierte en una espera interminable, marcada por una esperanza que se desgasta con los días y por preguntas que el tiempo muchas veces no responde.
Las acciones, especialmente cuando se trata de niños, suelen comenzar con despliegues visibles, operativos masivos y promesas institucionales, pero terminan, muchas veces atrapados en el silencio, la desinformación y la ausencia de conclusiones.
Cada año, nuevas desapariciones sacuden comunidades. Al inicio, la reacción es automática: vecinos se organizan, anuncian protocolos, los medios amplifican el clamor. Sin embargo, a medida que pasan los días y no hay resultados concretos, el interés público disminuye, las búsquedas se diluyen y los casos quedan abiertos sin explicaciones claras.
Menores desaparecidos y un sistema que no responde
La vulnerabilidad de la niñez contrasta la fragilidad de un sistema que no logra ofrecer respuestas. Los organismos buscan, pero no explican; investigan, pero no concluyen.
Los casos de Ronaldi Calderón y Brianna Genao Rosario ilustran de forma cruda esta problemática.
Ronaldi de 3 años, desapareció el 30 de marzo 2025 mientras jugaba en el patio de la casa de un familiar, en la comunidad de Manabao, Jarabacoa. Brianna, también de la misma edad, fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre alrededor de las 5:00 de la tarde, en el sector Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata. Desde entonces, el paradero de ambos es desconocido y marcado por la incertidumbre, el miedo y una esperanza que resiste a morir.
A estos casos se suma el de Kendry Alcántara de 4 años, desapareció el 2 de abril del 2022 en el sector Los Montones, municipio Juan de Herrera, provincia San Juan. Aquella tarde Pamela García, madre del menor, recibió a una vecina en su casa, quien le solicitó que la maquillara.
Al terminar esta labor, García salió en búsqueda de su hijo y se encontró con que no estaba en ningún lugar cercano, desencadenando desde entonces una intensa búsqueda sin resultados concluyentes.
Lo más inquietante no es únicamente la desaparición en sí, sino lo que ocurre después: el duelo permanente. Las familias quedan atrapadas en un limbo emocional y legal, sin la posibilidad de exigir justicia sustentada en hechos comprobados. El país, mientras tanto, continúa su curso, como si el paso del tiempo pudiera borrar la responsabilidad colectiva.
Una falla estructural que se repite
Estos casos no son hechos aislados; evidencian una falla estructural. La República Dominicana carece de un sistema integral, transparente y permanente para el seguimiento de personas desaparecidas, especialmente de menores de edad. No existen estadísticas públicas claras y actualizadas, ni informes periódicos que expliquen qué se investigó, qué se descartó y por qué no se llegó a una conclusión.
Mientras los desaparecidos continúen quedando sin respuesta, el país seguirá fallando en su deber más básico: proteger a los más vulnerables y garantizar verdad a quienes esperan. Porque desaparecer no debería ser sinónimo de olvido, y una búsqueda no debería concluir sin una explicación.
