SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) advirtió sobre «el complejo panorama económico, social e institucional que atraviesa el país y los desafíos que se proyectan de cara al año 2026».
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«Vivimos un tiempo que exige discernimiento, transparencia y visión de futuro. Como comunidad de fe, entendemos que nuestra voz debe contribuir al fortalecimiento del bien común, la justicia social y la convivencia pacífica, exhortando a las autoridades y a todos los actores nacionales a actuar con sentido de nación», declaró Feliciano Lacen Custodio, presidente de la entidad.
Explicó que «en el plano económico, observamos con preocupación una marcada desaceleración del crecimiento, altos niveles de endeudamiento público y un sostenido incremento en el costo de la vida».
Agregó que el alza de los precios de los alimentos y la disminución del poder adquisitivo afectan de manera directa a los sectores más vulnerables de la población, generando angustia e incertidumbre en miles de familias.
«En cuanto a la seguridad ciudadana, estudios de opinión reflejan que la delincuencia, la violencia y la inseguridad continúan siendo el principal problema percibido por la población, por encima incluso de temas como la corrupción o la migración», expuso.
Indicó que «esta realidad demanda políticas públicas más firmes, preventivas y humanas, que fortalezcan la institucionalidad y garanticen la convivencia pacífica en nuestras comunidades».
«CODUE manifiesta, además, su inquietud por la calidad de los servicios públicos esenciales, especialmente en áreas sensibles como la salud y la educación. Reiteramos que la educación debe ocupar un lugar central en la agenda nacional, no solo como una asignación presupuestaria, sino como una política integral orientada a la formación en valores, la empleabilidad y la cohesión social», agregó.
Alertó, asimismo, sobre el impacto negativo que la debilidad institucional y los casos de corrupción tienen sobre la confianza ciudadana. «La ausencia de respuestas oportunas del Estado frente a situaciones críticas profundiza la desconfianza social y pone en riesgo la estabilidad democrática que tanto valoramos como nación», precisó.
«En relación con la canasta y la seguridad alimentaria, consideramos necesario incentivar la agricultura familiar y hogareña, el desarrollo de invernaderos y la creación de puntos de distribución eficientes mediante mercados y ventas populares, protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables», expresó.
Sobre la economía y el apoyo al campo, dijo que «resulta prioritario continuar con prontitud el fortalecimiento del aparato productivo real, invirtiendo en caminos vecinales, asegurando la compra de los productos agrícolas y garantizando el pago oportuno a los productores, reconociendo el valor estratégico del sector agropecuario para la seguridad alimentaria y la estabilidad social».
Respecto a la inmigración, opinó que se trata de un fenómeno sistémico, cíclico y estructural. «Reafirmamos la necesidad de dar fiel cumplimiento a la Ley 285-04 y a los protocolos establecidos, invirtiendo en tecnología y fortaleciendo la vigilancia por aire, mar y tierra, garantizando la seguridad fronteriza y la soberanía nacional, siempre con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales», declaró.
«En el ámbito de la seguridad ciudadana y la reforma policial, consideró fundamental dar continuidad a los programas en curso, promoviendo una integración multisectorial que involucre al Estado, las comunidades, las iglesias y la sociedad civil, convencidos de que solo juntos podremos avanzar hacia entornos más seguros.
Explicó que la educación, como eje transformador, debe seguir siendo una prioridad nacional. «Es indispensable dar continuidad a los programas existentes y fortalecer la cohesión entre la familia, los docentes, los académicos y la comunidad, trabajando de manera sostenida en el cierre de las brechas históricas que han generado desafíos profundos», concluyó.
