La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la llamada “auditoría especial” practicada por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda (2016–2020). El equipo legal denunció que dicho informe fue realizado en franca violación del debido proceso, sin requerimiento del Congreso Nacional, sin permitir acceso al expediente al propio auditado y con inconsistencias técnicas que lo hacen carecer de validez jurídica.
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De acuerdo con los abogados, mediante múltiples solicitudes formales -todas rechazadas por la resolución ADM-2025-020, del 28 de agosto de 2025-, se exigió acceso a los documentos utilizados por los auditores. Ese derecho fue negado bajo alegato de confidencialidad, impidiendo ejercer defensa o contradicción. “Se trató de una auditoría a puertas cerradas, con las reglas del debido proceso suspendidas”, afirmó el equipo de defensa.
La defensa también cuestionó que el informe fuera aprobado más de un año después de su elaboración, por un Pleno distinto al que condujo la investigación, lo que – según señalaron- vulnera el principio de unidad y continuidad del acto administrativo y resta legitimidad a todo el procedimiento.
Los abogados subrayaron que el informe no contiene evidencia alguna de fraude ni de daño al erario público. Se limita a observaciones administrativas y de procedimiento, sin cuantificación de perjuicio ni atribución de responsabilidad.
Incluso, añadieron, el texto incurre en contradicciones técnicas evidentes, pues afirma la existencia de pagos “sin registro” al tiempo que cita los mismos libramientos emitidos y aprobados por la Contraloría General de la República, órgano que ejerce el control previo de legalidad en todas las operaciones financieras del Estado.
Sobre los pagos por expropiaciones, la defensa recordó que durante la gestión de Guerrero se ejecutaron compensaciones ordenadas por sentencias o avaladas por tasaciones oficiales de la Dirección General de Catastro Nacional, en cumplimiento de las leyes 150-14 y 107-13.
“Se trató de la regularización de obligaciones históricas del Estado, muchas de ellas pendientes desde la década de 1950, realizadas por debajo del valor de mercado y con ahorros estimados en más de RD$10,000 millones”, detallaron los abogados.
La defensa advirtió que esta actuación se suma al amplio catálogo de violaciones cometidas por la Cámara de Cuentas en perjuicio de Guerrero, que incluyen la negativa reiterada a permitir el acceso al expediente administrativo, la denegación injustificada del derecho de contradicción y la utilización de procedimientos excepcionales fuera de los límites que la ley confiere a ese órgano. “El respeto al debido proceso no es una formalidad, es la garantía mínima de justicia administrativa”, concluyó la defensa, al reiterar que el caso será llevado al Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Asimismo, precisaron que conforme al artículo 60 de la Ley 18-24, las auditorías especiales tienen un objeto muy delimitado: indagar indicios de ilícitos penales. Sin embargo, el informe de la CCRD no señala ningún elemento de responsabilidad penal, limitándose a observaciones administrativas, lo que configura una desviación procedimental.
