SANTO DOMINGO.- En la continuación de escuchar a diversos sectores en relación al proyecto que modifica la Ley Núm. 16-92, que aprueba el Código Laboral, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió este jueves una representación del empresariado, encabezada por César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
El diputado, Mélido Mercedes Castillo, presidente de dicha comisión, previo a la posición de los participantes, adelantó que la decisión relacionada con la reforma del Código de Trabajo es consensuada y les solicitó las observaciones por escrito y se comprometieron a enviarlas en una semana.
Al tomar la palabra, Dargam, se mostró de acuerdo con una modificación integral a esa legislación, que se mantenga vigente para las próximas décadas, para lo cual, dijo, debe haber un nivel de coherencia entre dos iniciativas que se conocen en el Congreso Nacional.
“Estamos interesados en que las discusiones del Código avancen y que se dé una articulación entre ambas cámaras, con la conformación de una comisión bicameral”, consideró el dirigente empresarial.
En sus observaciones, manifestó que se está dejando fuera las variaciones en la producción y el garantizar que los trabajadores sean despedidos por una quiebra de la empresa.
En torno al teletrabajo, adujo que no todas las actividades de una empresa deben ser desarrolladas bajo esta modalidad y recordó lo que ocurrió con la pandemia del Covid-19, que muchos empleados tuvieron que laborar de manera presencial.
Sin embargo, abogó por que sea promovida la digitalización, que nada se haga de manera manual, ya que puede generar distorsiones, en el entendido de que se está legislando para el futuro.
Asimismo, Dargam entiende que los montos de las multas en el nuevo código, de 120 salarios mínimos, son excesivos y pidió que sean rebajadas a 10, debido a que las pequeñas y medianas empresas no podrán cumplir por falta de recursos.
Concluyó negando que los empleadores estén contrario al derecho a cesantía de los trabajadores, aunque pidió que se le ponga un tope a por los menos seis años, ya que un contrato laboral puede durar un largo tiempo y la empresa no tenga los recursos suficientes para pagar las prestaciones.
Asimismo, reiteró que la postura del empresariado es que el período de prueba del trabajador sea extendido de tres a seis meses, sin afectar sus prestaciones, para que pueda adquirir más experiencia.
