Carlos Manuel Manzano
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La reciente decisión de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) de eliminar los servicios de emergencia en horario nocturno, es un golpe directo a la calidad del servicio y una afrenta al derecho de los ciudadanos a recibir atención oportuna en un sector tan esencial como lo es la energía eléctrica.
Resulta una grave desconsideración hacia la ciudadanía que, ante una avería ocurrida después de las 5 de la tarde, el afectado deba resignarse a esperar hasta el día siguiente para recibir atención.
Este abandono del servicio público desconoce el derecho de los usuarios a recibir un servicio continuo y eficiente, especialmente cuando se trata de algo tan esencial como la electricidad.
Lo más indignante es que, si la emergencia afectara a cualquier alto funcionario, con toda seguridad la brigada de emergencia aparecería en cuestión de minutos. La desigualdad en el trato hacia la población es evidente y ofensiva.
Hasta hace poco, cualquier usuario que sufriera una avería eléctrica podía confiar en que una brigada de emergencia acudiría, sin importar la hora, para restablecer el servicio.
Hoy, con esta medida, se le dice a la población, de manera descarada, que si la falla ocurre después de las 5 de la tarde, debe resignarse a pasar la noche en la oscuridad y esperar hasta el otro día para que alguien se digne a resolver el problema.
Esto no es solo un atropello y una desconsideración, es un retroceso inadmisible en un servicio que debería avanzar hacia la modernización y la eficiencia, no hacia la indiferencia y la deshumanización.
El servicio eléctrico no es un favor que se hace al ciudadano; es un derecho básico que el Estado y sus instituciones están obligados a garantizar con calidad, eficiencia y, sobre todo, con equidad. Cualquier medida que desconozca ese principio básico es inaceptable y merece el más enérgico rechazo.
La población paga, y paga caro, por un servicio que ahora parece dispuesto a retroceder en lugar de mejorar. Las Edes deben reconsiderar de inmediato esta decisión, porque el pueblo dominicano no merece ser tratado como un cliente de segunda categoría en un servicio tan esencial para la vida diaria.
