La decisión del Estado de rescindir el contrato con la minera Falcondo, a través de un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, interpuesto por el Fondo Patrimonial para el Desarrollo (Fonper), ha desatado una ola de ocupaciones ilegales de terrenos en la zona minera de Bonao.
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De acuerdo a lo establecido por el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu, se trata de un movimiento aparentemente espontáneo que ha devenido en peligroso caos.
A más de valorar el llamado de atención del líder sindical, entendemos que se hace urgente la intervención inmediata de las autoridades para detener las ocupaciones de terrenos y evitar incursiones en otras áreas en instalaciones de la cerrada minera.
Quizás se haga igualmente necesario incluir a representantes de la empresa y del sector sindical en esta intervención, en un proceso de acercamiento con la comunidad organizada de la zona, en la que se expliquen los alcances y efectos del proceso de rescisión enteramente legal.
Hay que tomar muy en cuenta que en adición a los riesgos que plantean estas ocupaciones ilegales para la paz y la seguridad en la zona, se agrega un componente dañino a la ya lastimada imagen de la industria minera dominicana en su necesario proceso de relanzamiento.
De ahí la apelación a que evitando cualquier tipo de exceso, el gobierno actúe en forma rápida y efectiva ante este intranquilizante y peligroso episodio.
