Carlos Ogando
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El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), orgullo del sistema sanitario dominicano y estandarte de la protección social, ha sido sacudido por el estruendo de un rumor que se ha propagado como pólvora en la pradera: su posible quiebra financiera.
La noticia, que ha estremecido los cimientos del ámbito político, empresarial y ciudadano, surge en medio de informes que apuntan a un subsidio adicional superior a los 3,000 millones de pesos por parte del Estado.
Como un rayo que parte en dos la confianza pública, este anuncio ha sido recibido con dolor e incertidumbre, pues SeNaSa no es una institución cualquiera: es, para millones de dominicanos, el salvavidas en el océano turbulento de la enfermedad y la pobreza.
SeNaSa es más que una aseguradora; es un símbolo de conquista social. Administra tres regímenes: el contributivo, el contributivo-subsidiado y el subsidiado. En virtud de la Ley de Seguridad Social, tiene el mandato de gestionar los riesgos de salud de empleados públicos, privados y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, operando como una entidad pública, autónoma y descentralizada.
Su existencia no es un regalo, sino el fruto de la lucha de los trabajadores y del compromiso político con el Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución. Por eso, su debacle potencial representa mucho más que un fallo administrativo: sería una herida abierta en el tejido moral de nuestra sociedad.
Muchos ven en esta supuesta quiebra un entramado de intereses ocultos. Se habla de presiones del sector asegurador privado, que no ve con buenos ojos la migración de afiliados hacia SeNaSa, seducidos por la calidad de sus servicios. Otros señalan el desborde populista de políticas que han saturado el régimen subsidiado, sin el respaldo de un plan financiero sostenible.
Los datos son contundentes. En 2024, SeNaSa recibió ingresos por más de RD$57,000 millones: RD$35,628 millones del régimen contributivo y RD$22,088 millones del subsidiado.
Sin embargo, su rentabilidad se ha desplomado. De un superávit promedio de RD$995.9 millones entre 2014 y 2019, ha pasado a pérdidas anuales promedio de RD$2,077 millones en el período 2020-2024. Su déficit alcanza ya un alarmante -68.6%, y el endeudamiento con suplidores ahoga su operatividad, afectando la entrega de medicamentos y servicios vitales.
Esto no es un mero tropiezo financiero: es un sismo institucional. Hoy, más de 7.5 millones de dominicanos dependen de SeNaSa. De ellos, 5.7 millones pertenecen al régimen subsidiado, es decir, los más pobres y vulnerables. Abandonar a su suerte esta institución sería como dejar un barco sin timón, a merced de las olas, en medio de una tormenta.
El Poder Ejecutivo debe actuar con firmeza, sin dilaciones ni eufemismos.
¿Se trata de una conspiración para desmantelarla y abrir paso al mercado privado? ¿Es fruto de una gerencia negligente o simplemente del peso insostenible de una carga mal distribuida? Sea cual fuere la causa, urge una intervención decidida: auditoría profunda, disciplina fiscal, racionalización del gasto y una estrategia nacional para blindar el sistema de salud.
No se puede permitir que el buque insignia del sistema sanitario se hunda en silencio. Porque si SeNaSa naufraga, con él se va la esperanza de millones de dominicanos que hoy se aferran a su existencia como único escudo frente a la enfermedad y la desigualdad.
