El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) manifestó su rechazo al nuevo incremento en el precio del botellón de agua y pidió al gobierno que intervenga para proteger a los consumidores de los abusos de quienes ostentan una posición dominante en el mercado de un bien tan esencial como el agua.
Durante el pasado fin de semana, muchos ciudadanos expresaron su indignación, y algunos llegaron a sugerir que el gobierno confisque las plantas procesadoras por el abuso que representa el alza del precio de este alimento. El agua ha sido declarada un alimento esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un derecho humano fundamental, garante de otros derechos, por las Naciones Unidas.
Desde el año 2020 hasta la fecha, el precio del botellón de agua ha aumentado en más de un 300 %. En marzo de 2020 costaba 40 pesos; a finales de ese mismo año subió a 75 pesos, en el 2024 llego a 100 y actualmente se vende entre 110 y 115 pesos, según reportes de los propios consumidores.
Dado que existe una posición dominante en el mercado, ONPECO considera necesario que el organismo regulador de la libre competencia intervenga para evitar mayores perjuicios a los consumidores, quienes ya enfrentan alzas en otros bienes y servicios. Aunque la posición dominante no constituye un delito por sí misma, sí facilita prácticas abusivas. En el caso del agua, al menos debería exigirse a las empresas que comuniquen con anticipación cualquier aumento y lo sustenten en sus costos, en lugar de aplicar alzas arbitrarias.
ONPECO recordó que la creación de organismos oficiales para la defensa del consumidor y la regulación de la competencia fue una recomendación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a los gobiernos, con el objetivo de proteger a los ciudadanos frente a distorsiones del libre mercado.
En ese sentido, ONPECO reclama a ProCompetencia que cumpla con su deber respecto a la oferta de agua potable, ya que una empresa ostenta una posición dominante que, aunque legal, puede traducirse en abusos contra los consumidores.
Frente a las protestas de los usuarios que han “puesto el grito al cielo” por la nueva alza, ONPECO reiteró que una vía para romper el monopolio y beneficiar a la población es que instituciones estatales como la CAASD y CORAASAN vendan agua a precio justo. Estas entidades cuentan con laboratorios y mecanismos de control que les permitirían garantizar la calidad del agua comercializada. Esta acción no constituiría una competencia desleal, sino el cumplimiento del deber del Estado de proteger a su gente.
