Edwin DeLaCruz
Por fin, el liderazgo dominicano da un paso firme y decidido frente a una realidad que ya no se podía seguir ignorando. En su alocución a la nación, el presidente Luis Abinader hizo lo que muchos mandatarios evitaron por temor al costo político: enfrentar de manera directa la crisis migratoria provocada por el colapso del vecino Haití.
Las 15 medidas anunciadas no solo son necesarias, sino urgentes. Durante años, la República Dominicana ha cargado con un peso desproporcionado frente al deterioro institucional, económico y social de Haití, mientras la comunidad internacional ha optado por mirar hacia otro lado. El presidente no solo reconoce la magnitud del desafío, sino que actúa con determinación, enviando un mensaje claro tanto a nivel nacional como global: la soberanía dominicana no está en venta ni en riesgo de ser negociada.
El reforzamiento militar de la frontera, la ampliación del muro, las reformas legales y los controles migratorios en hospitales son medidas valientes que buscan poner orden donde reinaba el desorden. No se trata de rechazar la solidaridad, sino de trazar límites responsables. El Estado tiene la obligación moral y constitucional de proteger a sus ciudadanos, sus recursos y su estabilidad social.
La carga fiscal que ha significado para el país el sostenimiento de servicios de salud, educación y asistencia para una población migrante creciente y en gran medida irregular, ha tocado fondo. El sistema no puede más, y la ciudadanía lo sabe. Saludamos la decisión de establecer protocolos claros en los hospitales y de buscar la regularización del empleo para los dominicanos. Esta es una apuesta por la justicia social y por la dignidad nacional.
El presidente también pone el dedo en la llaga al exigir acción a una comunidad internacional que ha fallado en toda línea con Haití. Las palabras de Abinader fueron directas: “La República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece”. Y tiene toda la razón. Por demasiado tiempo hemos asumido un rol que corresponde a las grandes potencias, a los organismos multilaterales y a quienes tienen el poder de cambiar el rumbo de Haití, pero no la voluntad de hacerlo.
Este es un momento histórico. El presidente no solo aprieta los pantalones, sino que traza una línea en la arena: aquí se respeta la ley, se protege la soberanía y se defiende el bienestar del pueblo dominicano. Las críticas llegarán, como siempre, pero la historia recordará a quien tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando más se necesitaba.
