Luis García
Estadísticas oficiosas cuentan por miles las personas desaparecidas en la República Dominicana durante el último cuatrienio, generando un drama doloroso caracterizado por la preocupación, la desesperanza y la incertidumbre de numerosas familias.
La situación no parece sensibilizar a las autoridades oficiales. A los legisladores no les motiva promover iniciativas que contribuyan a afrontar esa situación.
No existen instancias estatales que faciliten respuestas rápidas que lleven, al menos, consuelo a esas familias. En fin, el fenómeno que constituye la desaparición de personas no aparenta figurar en la mesa de futuras soluciones.
Las familias afectadas sólo apelan al tiempo y a los milagros de que sus seres queridos un día crucen el umbral de la puerta de su lar nativo o que una llamada telefónica les cambie el sufrimiento por la alegría. Mientras que en los medios de comunicación y las redes sociales siguen apareciendo los avisos de la desaparición de alguien, de cualquier edad o en cualquier lugar.
Una estrategia comunitaria ante la inacción de las autoridades ha sido la creación de la Asociación Dominicana de Familias Desaparecidas (Asodofade), un colectivo que lucha por visibilizar la crisis y exigir respuestas.
En realidad, no tiene mucho campo para accionar, debido a la inexistencia de un marco legal que le posibilite un mayor alcance, aunque sí ha venido a ofrecer un poco de visibilidad de una problemática que convoca a la solidaridad nacional.
La entidad ha comenzado a dejar sentir su voz en algunos medios de comunicación y durante una manifestación en una céntrica avenida de la ciudad de Santo Domingo, donde colocaron fotografías de sus seres queridos con la esperanza de llamar la atención pública.
El colectivo ha hablado de más de 2,000 desaparecidos en los últimos cuatro años; en tanto, la Procuraduría General de la República sitúa el dato oficial en 1,209.
Pero independientemente de cuál sea el registro real, la desaparición de una sola persona debería ser motivo de preocupación en cualquier sociedad mínimamente sensible ante el dolor ajeno. El hecho mismo de no volver a ver a un ser querido taladra los corazones no sólo de familiares, sino también de allegados.
La realidad es que se requiere de mayor visibilidad. El silencio profundiza el estado de desesperanza de miles de familias diseminadas en toda la geografía nacional, buena parte de las cuales no recibe ni informaciones ni atenciones de parte de las autoridades cuando tocan una y otra vez sus puertas.
No basta conque los afectados hayan puesto en marcha diversos mecanismos de búsqueda, como redes de apoyo a través de WhatsApp, donde familiares comparten información y coordinan esfuerzos para encontrar a sus parientes.
Corresponde al Estado, no a particulares, el establecimiento de estructuras eficientes que contribuyan significativamente en la localización de desaparecidos.
Esto coloca a la República Dominicana en una situación de vergüenza en materia de respeto de los derechos humanos.
Ante la ausencia de un sistema de respuesta inmediata, la Asodofade ha sugerido la aprobación del proyecto de ley de Alerta Amber, que busca activar la búsqueda de desaparecidos antes de las 72 horas establecidas en la legislación dominicana.
Esta iniciativa, que se encuentra engavetada desde 2022 en el Congreso Nacional, propone la creación de un sistema de localización y resguardo para personas vulnerables, incluyendo niños, adolescentes y personas con discapacidad cognitiva o enfermedades mentales.
Este drama hace recordar la canción “Desapariciones”, de Rubén Blades y Seis del Solar, cuando reza: “Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña; se llama Ernesto X, tiene 40 años…”.
