SANTO DOMINGO. – El Pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC) celebró este miércoles una audiencia pública en la que conoció ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, de los cuales seis quedaron pendientes de fallo.
En la audiencia, encabezada por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente Napoleón R. Estévez Lavandier, los jueces dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0043, interpuesto por Roque Alejandro Espaillat Tavárez, en contra de los artículos 1 y 3 de la Ley 61-24 del 2 de octubre de 2024, que declara la necesidad de reformar la Constitución en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, así como el acto de aprobación en primera y segunda lectura por parte de la Asamblea Nacional Revisora de la modificación del artículo 268 de la carta magna y el incumplimiento del artículo 272 párrafo III de la misma.
También el expediente TC-01-2024-0044, en el que el accionante, Víctor Alejandro Lara Lluberes, ataca el artículo 11, parte in fine, de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, del 11 de agosto de 1998.
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0046, en el que los accionantes Juventud con una Misión (Jucum), Mercedes Núñez Avilés, Pío Peguero y Carmen Orozco Martínez, atacaron la Ley 61-24, del 2 de octubre de 2024, que declara la necesidad de reformar la Constitución en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias.
Los magistrados dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0049, interpuesto por Jhonny Robinson Almánzar y Vladimir Reynoso González, contra los artículos 154, numeral 4; 173, numerales 3 y 7; 174, numerales 8, 9, 175 y su párrafo; y 247 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, del 19 de septiembre del 2013.
En esta audiencia los jueces del TC dejaron en la misma situación el expediente TC-01-2024-0050, donde José Franklin Zabala Jiménez ataca la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, del 26 de septiembre de 2019.
Otro expediente que conocieron fue el TC-01-2024-0048, presentado por Leandro Duarte Nina Fortuna contra el artículo 1, numeral 180 del Decreto 114-21, que concede el beneficio de la jubilación y eleva el monto de pensiones especiales otorgadas por el Estado dominicano por antigüedad a varios servidores públicos, emitido por el Poder Ejecutivo, al que concedieron a la parte accionante un plazo de cinco días calendario para depositar un escrito justificativo de sus conclusiones, exclusivamente de lo relativo a los medios de inadmisión planteados por la autoridad de la cual emana la norma y la Procuraduría General de la República.
Los jueces del TC también concedieron un plazo de cinco días calendarios para ampliar sus conclusiones a los representantes de Mirope Bernardita Sosa Almánzar, quien a través de expediente TC-01-2024-0045 ataca el Decreto 463-04, del 24 de mayo de 2004, que establece el Reglamento de las Instituciones de Educación Superior.
Finalmente, dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0051, interpuesto por Soll Systems SRL contra el artículo 20 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, del 17 de diciembre de 2014.
Además del magistrado Valera Montero, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente, Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira, Amaury A. Reyes Torres, y la secretaria de esta alta corte, Grace Ventura Rondón.
