El movimiento Participación Ciudadana consideró este jueves que los expedientes de corrupción administrativa no deben subsumirse en estadísticas generales de mora judicial y que, por el contrario, deben recibir un seguimiento especial, ya que se trata de los casos más complejos y con más acusados.
La organización, capítulo dominicano de Transparencia Internacional (TI), afirmó que estos casos conllevan redes complejas de involucrados con poder para lograr y encubrir sus propósitos y porque presentan montos jamás vistos en la historia de la Justicia dominicana.
Estos casos son de interés general de la sociedad, porque se trata de recursos públicos, porque son responsables de la pobreza de la población y del Estado y porque la corrupción es un delito presente en toda la historia del país que es imperativo erradicar, dijo el movimiento no partidista en un documento.
MIDE EFICIENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL RD
Este es el tercer informa que presenta el observatorio sobre la suerte de los casos de corrupción que se conocen en los tribunales.
Participación Ciudadana afirmó que, como organización dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad, el propósito de estos informes es medir la eficiencia conque opera el sistema de justicia en esta materia, mantener informada a la opinión pública y crear conciencia ciudadana en la lucha contra la impunidad de los delitos de corrupción.
Este tercer informe recoge las incidencias en el desarrollo de estos casos en los últimos meses del año 2024, y profundiza en el análisis de los riesgos de que en los mismos se pueda declarar extinguida la acción pública, por la llegada del tiempo máximo de duración del proceso sin sentencia al fondo.
CASOS CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA MUY LENTOS
«Todos los casos de corrupción administrativa en la Justicia avanzan muy lentamente, algunos ya pasaron o en este año cumplen 4 años, sin que se haya logrado una sola sentencia en primera instancia. Esto nos lleva a afirmar que la mora judicial, en temas de corrupción administrativa, sigue siendo extremadamente alta», expuso la organización.
El movimiento recordó que en informes previos «hemos expresado que el plazo de duración máxima del proceso, de cuatro años a partir de las medidas de coerción, no es un plazo matemático que se obtiene sumando los días, meses y años transcurridos desde la medida de coerción».
En este informe, correspondieron al último trimestre del año pasado, Participación Ciudadana detalla los casos de corrupción que presentan, según su juicio, una mora judicial.
