La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró este martes que la aprobación del proyecto que modifica la ley de gestión de residuos sólidos fue realizada sin una consulta pública que recoja las observaciones de todos los sectores que serían impactados con las nuevas medidas que contempla la normativa.
El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños, expresó que se excluyeron actores claves como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Desde Finjus advertimos que dichas modificaciones deben ser sometidas a una comisión especial que estudie su armonía respecto al ordenamiento jurídico y el impacto económico que pudiesen generar”, sostiene Castaños en declaraciones suministradas en una nota de prensa.
En ese sentido, la fundación citó la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0458/21 que establece que “la dimensión material del estado social y democrático de derecho exige la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos del interés general, sobre todo, en materia de derechos colectivos y difusos como el derecho a un medio ambiente adecuado”.
Asimismo, expresó que aparte de la aprobación del proyecto se suma el “aumento desproporcionado” de las contribuciones, lo que, a juicio del jurista, podría generar un impacto negativo en la competitividad de las empresas de sectores productivos a nivel nacional.
