Carlos McCoy
Haití atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente. La inestabilidad política, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, ha propiciado el surgimiento y fortalecimiento de grupos armados que han sumido al país en una espiral de violencia sin precedentes.
Según las Naciones Unidas, las bandas criminales controlan el 85% de Puerto Príncipe, capital de Haití, y tienen presencia significativa en gran parte del territorio nacional. El caos impera a tal grado que actualmente ninguna aerolínea opera vuelos hacia el país, pues uno de los puntos neurálgicos controlados por estos grupos es el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
Sin embargo, en medio de esta crisis generalizada, existe un pequeño oasis de paz, trabajo y tranquilidad: el departamento noreste, colindante con la República Dominicana. ¿Qué hace diferente a esa región donde las bandas no han podido penetrar y todo fluye en relativo orden y armonía?
La respuesta se encuentra en dos iniciativas empresariales: CODEVI y CARACOL.
CODEVI, establecida en 2003, es una empresa de capital dominicano-especializada en la manufactura textil, mientras que el Parque Caracol, inaugurado en 2012 con inversión mixta internacional, con una significativa participación dominicana, representa uno de los mayores proyectos de desarrollo industrial en la historia reciente de Haití. Ambos complejos industriales evidencian el papel crucial de la República Dominicana en la economía haitiana, particularmente en el sector manufacturero.
Según datos de abril de 2024, estos complejos industriales han generado aproximadamente 24,000 empleos directos:
CODEVI, ubicada en Ouanaminthe, en la frontera con la República Dominicana, emplea a cerca de 18,000 trabajadores.
El Parque Industrial Caracol, situado entre Fort Liberté y Cabo Haitiano, proporciona aproximadamente 6,000 puestos de trabajo.
El éxito de estas empresas se fundamentó en los beneficios arancelarios del acuerdo HOPE/HELP, un conjunto de iniciativas legislativas establecidas por el gobierno de Estados Unidos para beneficiar a Haití en términos de comercio y desarrollo económico, especialmente en el sector textil y de confecciones.
El marco legislativo HOPE/HELP comprende dos programas principales:
1. HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act):
– Aprobado en 2006 por el Congreso de Estados Unidos y ampliado en 2008 (HOPE II)
– Permite la exportación de productos textiles y de confección haitianos hacia Estados Unidos sin aranceles
– Fomenta la inversión extranjera en Haití, principalmente en el sector textil
2. HELP (Haiti Economic Lift Program Act):
– Implementado en 2010, tras el devastador terremoto que afectó a Haití
– Expande los beneficios de HOPE hasta 2030
– Amplía la gama de productos textiles elegibles para exportación sin impuestos
Estos programas han proporcionado beneficios significativos:
– Exención de aranceles que aumenta la competitividad de las exportaciones haitianas
– Generación de empleo formal en el sector manufacturero
– Atracción de inversión extranjera directa
– Integración de Haití en las cadenas de suministro globales
Impacto de CODEVIU Y CARACOL
Durante años, CODEVI y CARACOL han sido pilares fundamentales para la economía, el orden social y la estabilidad de la región noreste. Su impacto en el control de la violencia ha superado incluso los esfuerzos combinados de la misión keniana y la policía haitiana. Sin embargo, este período de prosperidad relativa podría llegar a su fin tras la decisión del Congreso estadounidense, el pasado 20 de diciembre, de no renovar la ley HOPE/HELP.
El señor Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministro de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití, encabezó una intensa campaña diplomática para obtener la renovación de esos programas. A pesar de sus reuniones con el representante demócrata de Nueva York, de origen dominicano, Adriano Espaillat y otros miembros influyentes del Congreso, no logró evitar la exclusión del proyecto final.
Perspectivas y desafíos
La no renovación del HOPE/HELP plantea un escenario complejo. Los países miembros del DR-CAFTA (República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua) podrían convertirse en destinos atractivos para la reubicación de estas operaciones industriales. Por su proximidad geográfica y vínculos comerciales existentes, la República Dominicana emerge como el destino más probable.
Sin embargo, esa posible reubicación presenta desafíos significativos. La República Dominicana ya enfrenta presiones considerables relacionadas con la migración irregular desde Haití. El desplazamiento de 24,000 empleos directos podría exacerbar esta situación, considerando la facilidad del cruce fronterizo.
Esta decisión del Congreso estadounidense parece contradecir los objetivos declarados de estabilización regional. La pérdida de estos empleos formales podría desencadenar:
– Aumento de la migración irregular
– Deterioro de la seguridad en la región noreste al abrir una cantera de potenciales integrantes de las bandas criminales.
– Pérdida de avances en desarrollo económico sostenible
– Mayor vulnerabilidad de la población ante grupos criminales
Conclusión
Se requiere una urgente respuesta coordinada de la comunidad internacional para mitigar estos impactos y desarrollar alternativas que preserven los logros alcanzados en materia de desarrollo económico y estabilidad social en la región.
