El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, advirtió su preocupación por el alto costo y el vacío legal en el procedimiento de alquileres de bienes inmuebles para albergar instituciones del Estado.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, solicitó que en los procedimientos de alquileres impere la razonabilidad del gasto y la proporcionalidad.
“La posición institucional de la Comisión de Análisis Político es de preocupación, en el sentido del alto costo de los alquileres y hasta cierto punto la razonabilidad en relación con lo que puede ser la adquisición de un inmueble y su mantenimiento o el alquiler bajo estas modalidades que se están presentando”, subrayó.
El activista de la sociedad civil considera que más que jurídico, se trata de un tema económico donde se debe ver la viabilidad de la forma en que se hace este tipo de alquiler.
Hernández Machado aseguró que esa situación pone en evidencia que los criterios de inversión de alquileres por parte del Estado no están regulados y se refleja un vacío legal que sería interesante abordar en un futuro próximo.
En ese sentido, Participación Ciudadana exhorta a la racionalización del gasto frente al ambiente que se vive donde hay una propuesta de reforma fiscal que debe aprobarse y ante la posición de achicar el tamaño del Estado.
“Este es un elemento, este gasto en alquileres, en el que también debe aplicarse un criterio de razonabilidad o proporcionalidad, en relación a lo que sea más beneficioso para el Estado, cuando digo beneficioso, hablamos de economía, más económico, rentable y que no sea un gasto que pueda ser cuestionado ”, insistió.
El vocero de la organización de la sociedad civil sostiene que la situación de los alquileres de instalaciones para albergar instituciones del Estado refleja un tema de orden económico.
Solicita designar una Cámara de Cuentas que se traduzca fortaleza y credibilidad
El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, solicitó al Congreso Nacional designar un buen equipo en la Cámara de Cuentas, donde su presidente constituya un líder en la labor del organismo.
Considera que el ente externo que está destinado a controlar el Estado no puede tener un comportamiento como el que ocurre con el órgano fiscalizador, porque se demerita así mismo.
Aspira a un pleno que trabaje de una manera armónica, en beneficio de que su labor sea reconocida, lo cual se traducirá en armonía, fortaleza y credibilidad.
Hernández Machado manifestó que la historia de la Cámara de Cuentas ha estado marcada por puntos grises.
Recordó que en un tiempo atrás fue destituido el pleno casi completo durante un juicio político celebrado en el Congreso Nacional y actualmente hay un organismo inactivo.
“La renovación o confirmación de los miembros de la Cámara de Cuentas, obviamente, es un asunto de alto interés nacional, principalmente por las dificultades que se formaron a lo interno de dicho órgano, las decisiones del colegiado no ayudaron muchas veces a sus atribuciones y competencias”, agregó.
Solicitó al Congreso Nacional que conjuntamente con la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas, se eliminen las dificultades de funcionamiento del órgano, definiendo mucho más las competencias del presidente y la del pleno.
“Pero no basta con la modificación legislativa, debemos pensar en profesionales que tengan, no solamente una vocación de servicio, sino que sepan trabajar en equipo”, dijo.
Tema casos emblemáticos de presunta corrupción queden extinguidos de la acción penal
El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick Hernández Machado, expresó mucha preocupación por la duración de los procesos penales en el tema que tiene que ver con la comisión de presuntos actos de corrupción.
Tras advertir que los procesos penales tienen un límite, alberga el temor de que casos emblemáticos que se conocen actualmente queden extinguidos por la duración máxima del proceso, que es de cuatro años.
Indicó que ve no solo la proactividad que puede tener el Ministerio Público, sino el dinamismo del proceso penal y la colaboración de los jueces para que con su actitud de dar la duración de los procesos en el tiempo adecuado, se llegue a la solución de cada una de esas acusaciones de corrupción que se conocen en los tribunales.
Aboga porque se produzcan sentencias antes de que terminen los plazos procesales y que valga la pena no solamente el seguimiento, sino el esfuerzo del Ministerio Público y otros actores que prepararon los expedientes.
Considera que la lucha contra la corrupción debe ser constante, innegociable y llevar siempre a la luz pública las situaciones que puedan traducirse en problemas de falta de transparencia y haya rendición de cuentas.
Calificó el tema de la corrupción como complejo, por la diversidad de actores que entran en el escenario.
Aseguró que no basta con que el Ministerio Público presente una acusación ni que levante las pruebas ni un eficiente control por parte del Estado, porque entran otros actores, como el sistema de justicia.
