José Dantés Díaz, ratificado miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, definió como inconstitucional la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) de que los servidores públicos tengan que presentar sus contratos de agua y energía eléctrica.
El jurista y dirigente político definió la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) como una locura porque irrespeta la dignidad humana y presiona a los servidores públicos a buscar la manera de hacer estos reportes, ante el temor de perder sus empleos.
“Lamento mucho que se haya producido esa circular con una disposición de esta naturaleza, a todas luces inconstitucional, porque viola el derecho a la intimidad, al honor personal, que debe preservar el Estado”, sostuvo.
José Dantés Díaz explicó que la medida es inconstitucional porque violenta el Artículo 44 de la Carta Magna, sobre derecho a la intimidad y el honor personal, lo que se constituye en un “desatino mayúsculo” que estima debe cosechar el rechazo de toda la sociedad dominicana.
A su reacción a los medios de comunicación que le abordaron, José Dantés Díaz agregó que “las prestadoras de servicios públicos tienen los mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, como la suspensión y hasta el corte del servicio brindado, sin que ello implique que esas informaciones privadas lleguen a ser de dominio de otras instancias más que de las prestadoras.”
Mejor que se concentren en que los servicios públicos que brinda el gobierno satisfagan las necesidades del interés colectivo y respondan a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria establecidos en la la Constitución, comentó.
“Espero que recapaciten y revoquen eso. Viola la dignidad humana, irrespeta la vida privada y familiar y la no injerencia en ellas, viola el derecho al honor, buen nombre e imagen, arrastra a terceros ajenos a la institución requirente”, escribió también en su cuenta en la red social X.
Control estatal
Zoraima Cuello, electa integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), considera que la circular del Ministerio de Administración Pública, que obliga a los servidores del Gobierno presentar sus facturas de servicios básicos (agua y energía eléctrica) en un plazo de 15 días, plantea serias interrogantes sobre los límites del control estatal y el respeto a la privacidad personal.
En un artículo publicado en los medios digitales Acento y Vanguardia del Pueblo, la ex candidata a la vicepresidencia de la República por el PLD, explica que la medida ignora principios fundamentales establecidos en la Ley 107-13, que protege los derechos de las personas en sus relaciones con la administración, que precisa que los ciudadanos tienen el derecho a “no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración Pública”.
“La reciente circular 018031 del Ministerio de Administración Pública ha desatado una tormenta silenciosa en el sector público dominicano. ¿La razón? Un requerimiento en apariencia simple, pero profundamente complejo: exigir a más de 600 mil servidores públicos la presentación de sus facturas de servicios básicos en un plazo de 15 días”, introdujo Cuello su escrito.
Zoraima Cuello enumeró tres implicaciones de la disposición del MAP: 1) Carga administrativa innecesaria, de unos 614 mil servidores públicos de acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social y los millones de documentos a procesar, 2)Invasión a la privacidad, con la exposición de arreglos habitacionales personales y el cuestionamiento implícito a situaciones familiares, cuando existe una relación directa entre el proveedor de servicios y quien lo contrata y 3)Retroceso tecnológico, con el desperdicio de recursos en procesos manuales y la contradicción de las tendencias de modernización.
Agregó también la erosión de la confianza entre el Estado y sus servidores. ¿Qué mensaje enviamos cuando tratamos a los servidores públicos con desconfianza inherente?, se pregunta.
También se preguntó ¿cuál es la justificación para esta medida? ¿Qué normativa permite a una entidad pública solicitar facturas de servicios personales como requisito administrativo? ¿En qué momento el requerimiento de información adicional por parte de la administración pública se convierte en una intromisión en la vida privada de sus empleados?
Considera Cuello que la administración pública está en una encrucijada: podemos continuar por el camino de la burocracia excesiva o apostar por una modernización real, basada en la tecnología, el respeto y la eficiencia.
“Esta circular es un síntoma de una visión que necesita actualizarse, ofreciendo garantías de respeto a la intimidad de los colaboradores públicos y el manejo correcto de las informaciones a las que el Estado tiene acceso” concluye.
