Rafael Eve
Desde la promulgación del Código Tributario en 1992, las familias de clases baja y media han sido compelidas a resistir las crueles consecuencias de las reformas impositivas que han sometido desde entonces los diferentes gobiernos. Han sido iniciativas de impuestos, sin ninguna vocación fiscal, pues esto último involucra, además, el compromiso moral del Estado en la sana y eficaz gestión de los ingresos y de los egresos.
En estos días el gobierno ha depositado en el Senado el proyecto de Modernización Fiscal, que de modernizar carece, con el cual espera recaudar RD$122 mil millones. Esta iniciativa sale a la palestra principalmente por : (i) los acuerdos concertados en la ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Hacia el 2030, que contienen la visión de la nación en el largo plazo (Art. 241,Carta Magna); (ii) el déficit fiscal, que se estima en RD$242.9 mil millones para 2025, equivalente a un 3.0 % del PIB, (iii) el déficit comercial de las EDES, cuyo monto a enero de 2024 se ubicaba en US$73 millones, que equivalen a RD$4,380 millones, (iv) los gastos del gobierno para el 2025, que superan sus ingresos en RD$242,870 millones; y (v) el gasto de intereses por RD$263,817 millones, que representan el 21.8% de sus ingresos. Este monto tan considerable, ocurre como parte del aumento indetenible de la deuda pública, la cual ha llegado al 56% del PBI.
Según los acuerdos concertados, la reconfiguración fiscal debió cubrir (i) la reducción de la evasión fiscal; (ii) el aumento de la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público; (iii) el fomento de la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, (iv) la consolidación de los regímenes de incentivos en el Código Tributario, y (v) el incremento de la presión tributaria en 24% hacia el 2030, la cual ronda 15% en la actualidad.
La reforma presentada no encaja con esos objetivos, debido a su carácter eminentemente tributario, y su enfoque exclusivo hacia el contribuyente y no al Estado. Esperábamos propuestas creíbles y conciliadas destinadas a: (i) reducir la evasión, la cual ronda el 45% de ITBIS y 55% de ISR; (ii) frenar el crecimiento sostenido del déficit fiscal, el endeudamiento público y el aumento de los gastos del gobierno; (iii) purgar la nómina pública y los gastos innecesarios, (iv) reducir drásticamente la publicidad estatal, la cual supera los RD$4,000 millones, y las asignaciones a los partidos políticos por más de RD$2,500 millones; (v) eliminar el barrilito, que supera los RD$200 millones, así como también las prebendas y viáticos a funcionarios públicos y (vi) reducir o eliminar, como se ha propuesto con otros sectores, las exenciones a la industria minera.
En cuanto a la evasión referida, su monto ronda los RD$900 mil millones, suficiente si se recuperara al menos la mitad, para atender los objetivos del proyecto de modernización fiscal. Sin embargo, ha sido un mal precedente la gestión de la DGII en este propósito, pues siempre ha dirigido sus flechas de recaudación y fiscalización a los contribuyentes cautivos, no a la informalidad ni a los pejes gordos. Una gestión tras otra se concentra en el mismo estilo rancio de dirección sin plantear los cambios estructurales, legales y administrativos que requiere la institución para recuperar todo ese dinero.
Esperábamos cambios profundos en la administración pública, en la legislación y en el sistema tributario, repleto de injusticias, parches y artificios dañinos, que lo han convertido en uno de los más complejos del mundo, en palabras del Director del órgano. Anhelábamos moralidad y calidad en la gestión pública, y también en la impositiva, a todos los niveles.
Este abordaje, esencialmente impositivo, en vez de atender eficazmente los objetivos de la Estrategia Nacional, se ha convertido en fuente de perturbación para las familias de clases media y baja, que son las que suelen pagar los platos rotos de la corrupción, de la impunidad y de la ineficacia de la gestión pública. Por eso la llegada del proyecto ha sido muy fértil para hervideros sociales por su propensión a sacrificar regresivamente la economía de los que menos pueden.
Hay elementos técnicamente correctos y positivos en el proyecto de modernización fiscal, pero le faltó dignidad al dirigir la mayoría de sus dardos a las familias de clases media y baja, cuyo nivel de ingresos no alcanza para más. Se supone que la clase media reúne a las “personas cuyos ingresos les permiten una vida desahogada en un mayor o menor grado” (Real Academia de la Lengua). El nivel de ingresos de esta clase no alcanza para tanto, por eso este proyecto, más que una pieza fiscal, es propiciadora de pobreza e informalidad.
Uno de los golpes más crueles para la clase media lo es el impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), con el cual pretenden debilitar su limitada economía, en vista de que el monto actual exento de impuesto (para este rubro de activos) es de RD9.86mm; sin embargo, el proyecto pretende reducirlo casi a la mitad para incrementar el pago del IPI anual, un monto que oscilará entre los RD$30mil y RD$200mil, según sea la clase: media baja, media, media alta.
También dispone que las personas que devenguen más de RD$624mil al año (RD$52mil al mes) estén obligados a presentar su declaración jurada del ISR (IR-1), lo cual luce ser una quimera, pues los empleadores ya declaran al fisco los reportes del salario y de los impuestos que pagan los asalariados (IR3, IR13). En esto hay bastante hilo para enredar aún más el sistema de impuestos y limitar los esfuerzos de la institución en pro de la recaudación. Por lo tanto, esto podría resultar, en la práctica, más la sal que el chivo.
Si la iniciativa prospera, los asalariados tendrán que acudir a un contador que le asista, y tendrán que asumir una carga adicional que puede rondar entre los RD$10mil y RD$40mil, según sea la calidad del profesional. Si este último no es suficientemente diestro en la materia, provocará inconsistencias y errores en la plataforma fiscal, dejando al trabajador a merced de los tormentos y las inequidades que se dan en el órgano recaudador. El Ministro de Hacienda ha reiterado que este proceso de declaración será bastante sencillo, lo cual deseamos, pero dudamos, porque esta simplicidad no se ha logrado en décadas de gestión de la DGII, ni para las personas físicas (que tienen que llenar 5 formularios), mucho menos para las jurídicas (12 formularios).
Se adiciona otra perla al castigo de la clase media con la aplicación de un nuevo tramo impositivo a la escala de ingresos para los que ganen más de RD$2.4mm anuales (RD$200mil al mes), quienes estarán sujetos a una tasa marginal de 27% (la vigente 25%). Sin embargo, el proyecto no prevé aumentar la tasa de 27% de ISR a las grandes empresas, cuando se supone que la dignidad del proyecto debía sustentarse en la protección a los que menos pueden y propiciar la progresividad fiscal sustantiva (Art. 75.6), sobre la cual el pago de los impuestos debe basarse en la capacidad económica de las personas; es decir, cuanto más dinero se gane, mayor impuesto se pague. Este 27% de ISR a todos los negocios sin importar el tamaño tampoco es justo ni equitativo; es más bien una clara vulneración a los principios del régimen tributario.
Con ese tipo de actuación no se reduce la informalidad ni la evasión ni la elusión; más bien se fomenta el estancamiento de las MiPymes y el aumento de la pobreza.
El proyecto libra de los anticipos a las microempresas y a las personas físicas. A estas últimas en parte, porque los honorarios por servicios, comisiones y otros ingresos están sujetos a retención de 15% de ISR (10% vigente). Esto es un pago a cuenta, dicho en otras palabras, un anticipo que se ejecuta cada vez que emite una factura, afectando su liquidez para sobrellevar su deseo de abandonar el estancamiento y crecer.
Se persigue duplicar el impuesto de circulación de vehículos (marbete) a RD$3mil para unidades con año de fabricación mayor a 5 años y RD$6mil de hasta 5 años. Esto es muy regresivo (pagan más los que menos pueden) y dañino para la familia. Lo justo es que no se aumente el impuesto a las unidades con 5 años o más de fabricación, porque en términos generales, este rango vehicular es más propicio en las familias de clases baja y media.
Adicionalmente se procura quitar la exención de 200 dólares a las compras por internet. Un claro perjuicio a los que menos pueden, que son los que más acceden a estas adquisiciones, movidos por su afán por defender sus chelitos ya mermados por anteriores reformas.
Para colmo, y es de lo peor, una cantidad considerable de productos agrícolas y de la canasta básica (víveres, vegetales, frutas, habichuelas, café, entre otros) entrarán a la danza del IVA (18% de ITBIS), con efecto inflacionario que deteriora severamente el poder adquisitivo de los que menos pueden, por ser rubros esenciales. También aplicarán 18% a las carnes de res y de cerdo, lo cual atenta contra el acceso familiar a fuentes proteicas. Igual sucederá con las bebidas azucaradas (jugos y otros) que son propicios en la alimentación infantil y en el comercio de las MiPymes. No hay necesidad de sacrificar más a los que menos pueden, porque hay muchas otras fuentes.
Se les olvidó a los creadores de la reforma que los víveres, las habichuelas y otros rubros agrícolas son consumidos en mayor proporción por las familias pobres y de clase media, porque en los restaurantes de clase alta, que es donde frecuenta esta última, pocas veces los ofertan.
La mayoría de los puntos de la reforma no van en la misma sintonía de la visión a largo plazo de nuestra nación, según el sueño constitucional (Art. 241), ni mucho menos con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, cuyo plazo está próximo a vencer.
