Alfredo Cruz Polanco
Todos los funcionarios públicos electos (senadores, diputados, alcaldes, directores de los distritos municipales, regidores y vocales, así como los nombrados por el Poder Ejecutivo, deben presentar la declaración jurada de su patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, en la Cámara de Cuentas de la República, tanto al inicio de sus funciones como al final de las mismas, según lo establece la Ley número 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Desgraciadamente los funcionarios electos, en vez de ser los primeros en hacerlo y así servir de ejemplo para los demás funcionarios públicos, a regañadientes, por presión de la sociedad y poniendo siempre muchos pretextos, son muy pocos los diputados y senadores que han decidido hacerlo, dejando vencer el plazo otorgado para ello.
Además, no presentan la declaración jurada de su patrimonio de forma real. Algunos la presentan muy por debajo del monto que realmente poseen, posiblemente para que no se conozca la realidad de la misma. Otros, en cambio, declaran una suma sobrevaluada, con fines desconocidos, persiguiendo otros propósitos. Esto constituye una vergüenza y una aberración para el país, pues con este proceder dejan mucho que desear y dan a entender la clase de legisladores que dicen representarnos en el Congreso Nacional.
Dicha oficina debe fiscalizar y verificar las informaciones suministradas en dichas declaraciones, cruzando las mismas con las de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para comprobar que dichos funcionarios pagaron los impuestos correspondientes al valor declarado; con los de la Superintendencia de Bancos, para comprobar que las inversiones, los depósitos en certificados a plazos fijos, así como los préstamos contraídos, son correctos.
También, en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para confirmar si son contratistas del Estado y si los contratos realizados cumplen con la Ley 340-06; con la Jurisdicción Inmobiliaria, para confirmar si los certificados de títulos de los inmuebles declarados son correctos.
No basta con recibir dichas declaraciones juradas, hay que transparentar y confirmar las informaciones que se recibieron, para dar cumplimiento de manera eficaz y oportuno a dicha Ley.
Estas auditorías son sumamente importantes y necesarias, en un momento en que el Presidente de la República está sometiendo al Congreso Nacional una reforma fiscal para aumentar sus recaudaciones.
Desgraciadamente en nuestro país no existe ni se tiene arraigada una cultura de rendición de cuentas, de parte de quienes administran recursos públicos, aun existiendo leyes y organismos de control que la exigen y a pesar de que el fundador de la República, el patricio Juan Pablo Duarte y Diez fue el primer dominicano en presentar una rendición de cuentas a la nación, sin que existiera una ley o una institución que se lo exigiera.
Exigimos transparencia y rendición de cuentas a los demás, condenamos los actos de corrupción, siempre que no sean los nuestros. El flagelo de la corrupción administrativa es un mal globalizado que afecta todos los niveles de la sociedad, por lo que debe ser combatido y enfrentado por los organismos de control y por la sociedad, con los medios que se disponen.
Todo el que administra recursos públicos, debe tener siempre presente que hay que rendir cuentas de ellos al país, informando lo que se recibió, cuándo, cómo y en qué se gastaron o invirtieron los miamos, pues son de todos los dominicanos; cómo se administraron dichos recursos y si se hizo atendiendo a las demandas de las obras y servicios que la ciudadanía requiere, no a caprichos personales. En esto consiste el principio de transparencia, es decir, que se puedan observar todos los procesos que se llevaron a cabo en
una transacción.
Si se actúa de esta manera, se estaría contribuyendo con el fomento de una cultura de transparencia, de fortalecimiento institucional y sobre todo, de rendición de cuentas, que es la base fundamental para enfrentar la corrupción administrativa, tomando como estandarte la primera rendición de cuentas que conoció nuestro país: la presentada por el Patricio Juan Pablo Duarte y Diez en 1844, pues en este sentido se ha avanzado muy poco.
El autor es contador Público Autorizado y Máster en relaciones Internacionales, exmiembro titular de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016 y diputado al Congreso Nacional.
