Los fiscales del país celebraron una protesta en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde plantearon su oposición a que el Consejo del Ministerio Público sea sacado de la Constitución y someter su marco legal a una ley ordinaria.
Protesta, organizada por la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM9, cuyo presidente pidió que se mantenga en la Carta Magna el marco legal del Consejo y no sea sacado de la misma, como se plantea en la reforma constitucional.
“FISCALDOM alza la voz de los miembros del Ministerio Público, que consideran inadecuado y perjudicial para el sistema de justicia el hecho de que, en la propuesta actual de modificación constitucional, se cite en su Artículo 2 inciso B) como uno de sus objetivos fundamentales de “consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones”, dijo el magistrado Andrés Comas.
Precisó que lo contemplado en el artículo 174 echaría por tierra la pregonada independencia del Ministerio Público.
Sostuvo que, además de enfocarse en la forma de selección y nombramiento del Procurador General de la República, asume otros tópicos que proyectan un efecto totalmente contrario al que ha difundido el Poder Ejecutivo.
“Uno de estos lo es el establecido en el artículo 3, inciso b letra f, que hace referencia a “la eliminación de la carta magna del Consejo Superior del Ministerio Público y ubicarlo en el texto de una ley”, así como las funciones que el mismo realiza, como órgano de gobierno interno de la institución.
Sostiene que, de aprobarse esa parte de la modificación, se arrebataría parte de la constitucionalización de la figura del Consejo Superior del Ministerio Público, el cual es espejo del Consejo Superior del Poder Judicial, debido a que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público cuentan con autonomía e independencia establecidas en la constitución, como parte del fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.
FISCALDOM considera que se debilitaría la estructura creada en más de 20 años de reformas del Estado y del sistema de justicia, aunado a que sería una estructura desbalanceada porque la Constitución establece la igualdad entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
