En el juicio contra los acusados del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez, tomó la palabra en calidad de acusado y describió “modus operandi” utilizado para desviar más de RD$4,500 millones.
Durante su intervención, Girón Jiménez aseguró que solo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), más de diez mil personas cobraron vía nómina con el compromiso de devolver el dinero a los superiores. Las cabezas recolectoras, quienes se encargaban de recoger el dinero, inclusive, llegaron a cuestionar al coronel Rafael Núñez de Aza, el cerebro financiero del entramado, sobre el destino final de esos fondos.
Girón Jiménez explicó que esas cabezas recolectoras observaban cómo el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres, y el exdirector de CESTUR, general Juan Carlos Torres Robiou, “iban a retirar lo suyo”, haciendo referencia a los montos que iban a recoger en bultos y sobres manila, tras la devolución de los pagos.
El acusado detalló que no era necesario un sistema sofisticado de informática para extraer el dinero de las nóminas; bastaba con tener comprados a todos los involucrados en el proceso.
Según Girón, se sobornaba a personal de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República, al departamento de Auditoría de la Policía Nacional, a la Dirección General de Presupuesto y a todos los encargados de manejar los presupuestos de CESTUR para evitar obstáculos en el proceso.
Girón Jiménez señaló que la entonces auditora de la Policía Nacional, bajo órdenes del coronel Núñez de Aza, también estaba en nómina y debía devolver el dinero que cobraba, motivada únicamente por el beneficio de la pensión. El atractivo del “especialismo” era lo que los miembros de la Policía Nacional buscaban, añadió.
El mayor general Adán Cáceres, exjefe de CUSEP, estaba involucrado en un 30-40% de las ganancias obtenidas por los superiores en CESTUR, según Girón. Además, afirmó que se incluía personal ficticio en la nómina y se inflaba el presupuesto para obtener fondos adicionales y aumentar las ganancias ilícitas. “Los sobornos llegaban a todos los niveles de la cadena de mando, quienes se hacían de la vista gorda ante las irregularidades”, señaló.
En 2017, el expresidente Danilo Medina ordenó, mediante decreto, la regularización de los pagos a los cuerpos castrenses, lo que resultó en una auditoría de la Policía. Según Girón Jiménez, en CESTUR se fabricaron sellos gomígrafos falsos para simular la existencia de ciertos cargos y cubrir las operaciones fraudulentas.
El acusado también destacó que algunos de los implicados, como el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, y el hermano del general Torres Robiou, Guillermo Torres Robiou, ejercían una presión constante para obtener dinero.
Asimismo, mencionó a Esmeralda Ortega, gerente de una sucursal del Banco de Reservas, quién era considerada una persona de estricta confianza del coronel Rafael Núñez de Aza. Ortega manejaba el dinero de las cuentas de Girón Jiménez, que era parte del entramado, como si fueran propias, bajo la orden de Núñez de Aza.
De qué se les acusa
La acusación detalla que los imputados se desviaron de sus responsabilidades institucionales en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para sustraer dinero de los fondos de inteligencia a través de numerosas maniobras fraudulentas.
También desviaron recursos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Los acusados de rangos superiores acumularon patrimonios millonarios sustrayendo dinero del erario, perjudicando la calidad de vida de miles de oficiales subalternos y alistados, quienes vieron su poder adquisitivo reducido y su situación económica empeorada debido a salarios que no reflejaban la realidad de sus funciones ni el riesgo que implica trabajar en los organismos castrenses, mientras sus superiores llevaban vidas de lujo.
Con el dinero sustraído, varios de los acusados adquirieron lujosos apartamentos, vehículos de alta gama, fincas, residencias, objetos de lujo, sociedades comerciales y otros bienes. Estas acciones constituyen delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, desfalco, violación a la ley de declaración jurada y lavado de activos, entre otros.
Las propiedades millonarias adquiridas por los acusados ascienden a más de RD$4,500 millones, reflejando el impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las instituciones afectadas.
