Maximiliano Pérez Gallardo
Puerto Príncipe. Dos de los sindicatos más grandes de Haití anunciaron sus planes de emprender una huelga general que busca paralizar las actividades en Puerto Príncipe desde el lunes 29 de enero, en protesta contra la situación de seguridad que experimenta el país por la acción de grupos criminales.
Las pandillas, que operan como bandas del crimen organizado, ya controlan el 80% de la capital y se estima que están próximos a tener el poder absoluto.
Entre tanto, el estancamiento del envío de la misión internacional aprobada por la ONU ha generado incertidumbre y desesperanza entre la población.
Los trabajadores haitianos se rebelan contra la violencia en la isla. El pasado 25 de enero, la Brigada Sindical Anticorrupción (BSAC) convocó a la fuerza laboral haitiana para materializar una huelga masiva, con el objetivo de mostrar su inconformidad con la gestión del primer ministro, Ariel Henry, ante la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, que se suma a la extendida pobreza y la inestabilidad política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.
Con el apoyo de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA), la huelga se extenderá hasta el 31 de enero, focalizando su inconformidad en los bloqueos viales que imponen algunas pandillas a lo largo del territorio, los cuales bloquean el tránsito y la llegada de suministros básicos desde la periferia a la capital, donde la crisis humanitaria empeora cada día.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Möise, en 2021, Haití se ha sumido en una crisis política de la que no ha podido salir. Esto se suma a la crisis humanitaria y económica que atraviesa el país desde hace más de una década, acrecentada con el terremoto de 2010, del cual la isla no se ha podido recuperar totalmente después de catorce años.
Con el vacío de poder existente, generado por el cúmulo de tragedias existentes en la nación caribeña, la más pobre de América, las organizaciones criminales han tomado las armas para enfrentarse directamente a las débiles fuerzas de seguridad haitianas, buscando arrebatar el control de la capital haitiana al Gobierno, empleando una ola de terror contra la población.
Ante la impunidad de los grupos criminales haitianos, el Gobierno urgió en 2022 por asistencia internacional para enfrentar su inestabilidad interna, sin embargo, la comunidad internacional no había encontrado entre sus miembros un Estado voluntario que estuviera dispuesto a liderar una misión de dicha Índole en la isla.
Kenia levantó la mano en julio de 2023, postulándose ante Naciones Unidas para comandar una misión internacional, con el objetivo de reforzar a la Policía nacional y facilitar el combate contra las pandillas. .
Aunque la ONU aprobó la misión en octubre pasado, la Suprema Corte keniana calificó el plan de enviar fuerzas de seguridad nacionales a Haití como “inconstitucional” el pasado 25 de enero, alegando que no existe un “acuerdo recíproco” con el país receptor.
La decisión del órgano judicial del país africano ha provocado desesperanza en Haití.
La Policía haitiana, desmembrada
La ola de violencia en Haití atraviesa un “punto crítico”, así lo señaló la enviada especial de Naciones Unidas para la isla, María Isabel Salvador, durante una reunión con el Consejo de seguridad del organismo el pasado 25 de enero, en donde alertó que las cifras de víctimas de las pandillas en territorio haitiano aumentó un 122% el año pasado con relación a 2022, contando alrededor de 8.400 personas que han sufrido los estragos de la violencia.
La necesidad de una misión internacional que impulse la lucha en contra de las pandillas está materializada en la debilidad de los cuerpos policiales de Puerto Príncipe. Según información de la ONU, solo existen 10.000 efectivos policiales disponibles en todo el territorio haitiano, que alberga alrededor de 11 millones de personas.
Para solventar las necesidades de la población, el brazo policial debería estar compuesto por unos 25.000 activos, según apuntes de Naciones Unidas. Sin embargo, los bajos salarios, las pobres condiciones laborales y la peligrosidad que conlleva la labor policíaca han provocado una tasa de deserción preocupante, con más de 1.600 policías que dejaron su puesto en 2023. (France 24)
