La directora de Asuntos Migratorios del Viceministerio de Gestión y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Laura Maríñez, informó que durante el período enero-junio de este año personas de nacionalidades extranjeras adquirieron en el país 160 bienes inmuebles, por un valor superior a los casi RD$1,000 millones.
“En el caso de los haitianos, que ocupaban en el período del 2020 al 2022 la quinta posición en el número de compradores, ahora ocupan la primera posición, en los primeros seis meses del año 2023, delegando una segunda posición a los de Estados Unidos y luego los de Canadá y así sucesivamente”, significó.
Indicó que cada vez más se muestra ese interés de adquirir bienes inmuebles por parte de haitianos, a pesar de la falta de documentación legal de los extranjeros.
Agregó que el mayor número de compradores tiene interés o preferencia por la adquisición de bienes inmuebles en La Altagracia, Samaná y Puerto Plata.
Manifestó que una auditoría realizada desde el 2020 en adelante muestra las características de todos los bienes inmuebles comprados por extranjeros que están registrados en el Ministerio.
“Llama la atención que en ese período de dos años, los extranjeros mayores compradores de inmuebles en el país eran los estadounidenses, así le seguían los canadienses, italianos, alemán y en un quinto lugar se encontraban los ciudadanos haitianos, o sea, que ya mostraban ese interés de adquirir inmuebles en el territorio nacional”, acotó.
Maríñez dijo que la auditoría establece que la mayor cantidad de extranjeros que adquieren inmuebles en el país no tienen un estatus legal en la República Dominicana.
“Para ser más precisos, en ese período de tiempo un 95% no tienen un estatus migratorio legal o tienen un estatus migratorio de no residente, que como ya explicaba el profesor hace un rato no un estatus que le permita establecerse de manera indefinida en la República Dominicana”, acotó.
Agregó que uno de los elementos encontrados es que esos inmuebles son registrados luego que el extranjero los compra. “Es decir, no hay una depuración previa de la persona”, enfatizó.
“En esa auditoría del año 2020 al 2022, se evaluaron 960 expedientes”, dijo Laura Maríñez, al observar que esos casos agotaron los procedimientos legales correspondientes, llegando a la Jurisdicción Inmobiliaria.
Explicó que esa instancia del Poder Judicial lo remitió para fines de registro a Interior y Policía para fines de registro por mandato legal.
