Carmen Imbert Brugal
El Cambio comenzaba su exitosa ruta, todo refulgía. El silencio avalaba, como continúa avalando, designaciones, alianzas, insultos, condenas.
En la procesión triunfante llegó a la Penitenciaria Nacional de La Victoria “el probó wawawa”. Grotesco, desfachatado, el nuevo director de seguridad del recinto, sin reparar en la Constitución ni en leyes adjetivas, delante de la comunidad cautiva e irredenta, advirtió: “aquí el único probó, el único padrote, soy yo”.
El discurso inaugural del comandante provocó reseñas idílicas. El hombre logró la entrega “voluntaria” de las armas en posesión de los presos y los áulicos mediáticos, tan pendientes e influyentes, exaltaban la actitud del bárbaro que el cambio había empoderado.
El tema desapareció, continuó el fandango y entre los vítores a la independencia y al sadismo penal, poco a poco La Victoria quedó atrás. A nadie desvela esa canalla encerrada sin posibilidad de reinserción, que delinque desde el hacinamiento y con complicidad de las autoridades.
Inaplicada la derogada ley 224-84, pervertido el Nuevo Modelo, la sorpresa ocurrió cuando comenzaba el año 2022.
Un montaje diseñado para la ocasión permitió revisar el lugar para contrarrestar la inercia oficial ocupada en otros menesteres. La cárcel volvió a la palestra, las alabanzas a la gestión estuvieron a la orden del día, tanto como la exhibición de los hallazgos.
En el local descubrieron desde neveras hasta cocaína. Hornos, armas, teléfonos, licuadoras, relojes, marihuana, pero nada de esas minucias tuvo importancia cuando encontraron un centro de comunicaciones.
La instalación tenía un servidor, un repetidor de wifi, 96 routers, 29 switches de cámaras y 89 cámaras de vigilancia. Algo más, todo aquello estaba dirigido por un interno no identificado-un genio aseguran- que además de vigilar y controlar el recinto, suministraba servicio de internet fuera del penal. Luego de la bulla, nada.
Un año después, la opacidad encubre el informe del operativo, tampoco se intuyen cambios en ninguno de los 44 centros penitenciarios criollos, al contrario, el sistema colapsa.
Para agravar la situación, se produjo la denuncia-mayo 2022- del asesor honorifico del poder ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario. El poderoso funcionario aseguró que el encargado de seguridad de La Victoria, consigue 7 millones de pesos cada semana, como pago por el chantaje, complicidad e impunidad para que siga la fiesta.
Retórica, promesas y el “Informe de las condiciones de detención y de prisión” presentado por la Oficina Nacional de Defensa Publica, ratifica la calamidad y la dejadez para conjurarla. Todos a una repiten que la solución está en la creación del Ministerio de Justicia. Y mientras los poderes fácticos, seguros de la aprobación del nuevo órgano, acuerdan nombres para presidirlo, la indiferencia apuntala el desastre.
Luce tierra de nadie el sistema carcelario dominicano, con alardes vergonzosos para la autoridad, desafiada cada instante. Estafas, asesinatos, secuestros, se ordenan y ejecutan desde las cárceles, sin consecuencias.
Quizás por eso, Wilkin García Peguero -Mantequilla- atenúa el tedio propio del encierro, llamando a programas de radio para expresar su descontento con la medida de coerción que le impide seguir multiplicando el dinero de sus clientes.
