Manuel Díaz Aponte
Es increíble que las anteriores administraciones gubernamentales no acudieron a solucionar el terrible problema social que representa dejar en el abandono a las familias asentadas en esa comunidad del Distrito Nacional.
En República Dominicana y en toda América Latina las necesidades entre las capas sociales más empobrecidas han aumentado después de la pandemia de la Covid-19 y sucesivos fenómenos atmosféricos, y ello obliga a que los gobiernos busquen alternativas para aliviar esa carga tan pesada. Por ello, el espaldarazo dispuesto por el presidente Luis Abinader a familias vulnerables del Distrito Nacional con el “bono vivienda”, devuelve aliento a miles de familias postradas en las tinieblas de la desesperanza.
También, ha sido un acto de justicia que el Gobierno haya decidido impulsar el remozamiento del gigantesco proyecto Invivienda Santo Domingo, que inició el fenecido ex presidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986) a través del otrora Instituto Nacional de la Vivienda que dirigía en ese entonces el finado ingeniero Pedro Bonilla.
Igual dimensión social tiene la disposición de las autoridades de saldar el costo final de las viviendas que fueron levantadas por el antiguo INVI, y cuyos adquirentes son ciudadanos de ingresos bajos y medios, que asumieron compromisos bancarios para poder adquirir estos apartamentos.
El “Bono Saldo mi Hogar” impactará a 8 mil familias en el territorio nacional, según lo explicó el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, quien, además, comunicó que las autoridades deberán erogar dos mil millones de pesos para cubrir dicha iniciativa.
En cuanto al proyecto Invivienda Santo Domingo, en la zona de Santo Domingo Este, su remozamiento implica una inversión de más de 300 millones de pesos que incluye pintura exterior de 377 edificios, terminación y mejoramiento de la construcción de 22 edificios, así como mejora y adecuación de áreas verdes.
Es increíble que las anteriores administraciones gubernamentales no acudieron a solucionar el terrible problema social que representa dejar en el abandono a las familias asentadas en esa comunidad del Distrito Nacional, invadida recientemente por centenares de haitianos ilegales los cuales fueron sacados de allí tras un operativo de la Dirección General de Migración, en conjunto con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Y hay que recordar que Jorge Blanco no pudo concluirlo al igual que el proyecto habitacional de la Barranquita, en Santiago, por las severas medidas de control financiero que le impuso la rubricación de un acuerdo de financiamiento para la operatividad del gobierno suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que trajo entre otras cosas protestas callejeras, saqueos, paros y huelgas indefinidas con balance de muertos y heridos. La denominada poblada de abril, tuvo su epicentro efervescente los días 23, 24 y 25 de abril de 1984.
Algunos de los apartamentos de Invivienda Santo Domingo fueron “terminados” por sus propietarios que lo ocuparon sin tener siquiera puertas y ventanas, por lo que hicieron un esfuerzo extraordinario con préstamos adicionales que todavía les representan una disminución significativa de sus ingresos y, por consiguiente, mayor constreñimiento familiar en su calidad de vida.
Protección al desvalido
Hoy más que nunca las políticas públicas desde el Estado deben estar enfocadas a proteger a los grupos poblacionales más vulnerables de la sociedad porque son los que sufren intensamente las adversidades económicas y sociales.
Por eso, adquiere mayor dimensión la reorientación del presupuesto nacional por parte de las actuales autoridades hacia el sector vivienda y recientemente 50 familias de la provincia Santiago de los Caballeros recibieron sus respectivas casas en la primera parte del proyecto “Mi Vivienda La Barranquita”, que se ejecuta con inversión de 313,797 millones de pesos.
Merece una ponderación los esfuerzos del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED) que viene ejecutando simultáneamente varios proyectos como son: Mi Vivienda en Hato Nuevo, en Santo Domingo; Mi Vivienda Los Salados de Santiago, Ciudad Modelo y San Luis, también en el Distrito Nacional.
La torrencial lluvia que cayó hace algunos días en la capital dominicana, provocando desbordamientos en la cañada del sector Los Ríos, dejó un saldo de 8 personas fallecidas, decenas de heridos y destrucciones materiales considerables en sectores residenciales y en barrios pobres.
Una señal para que la población dominicana tome conciencia sobre la importancia de evitar arrojar a las vías públicas los desperdicios sin ningún tipo de control, incluso, violando los horarios de recorrido de las unidades de limpieza de los cabildos. Es hora de entender que preservar los entornos urbanos debidamente higienizados es tarea de todos.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, comunicó que por disposición del presidente se dispuso la intervención del gobierno en la cañada Las 800 por un monto de RD 172 millones, en Los Ríos.
Una atinada y oportuna medida.
